Hace un año, la Justicia porteña puso en marcha un fuero específico para resolver reclamos presentados por consumidores y usuarios. Desde entonces fueron iniciadas 1.700 causas, la mayoría en relación a conflictos con viajes aéreos, créditos bancarios y planes de ahorro de automóviles. En muchas de ellas se dictaron medidas cautelares que protegen los derechos de los damnificados, mientras se avanza en soluciones de fondo.
La competencia de la Justicia de las Relaciones de Consumo de la Ciudad alcanza todas las cuestiones de usuarios y consumidores en conflicto con empresas y proveedores previstas en la normativa de fondo nacional y local sobre el derecho o la defensa del consumidor. También las cuestiones ejecutivas relativas a servicios públicos jurisdiccionales. Entiende, por ejemplo, en problemas con prepagas, servicios de telefonía celular o servicios turísticos.
Esta competencia se enmarca en el ahora fuero Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo. Y se rige por un moderno Código Procesal aprobado por la Legislatura porteña en marzo de 2021.
Ese Código ordenó la apertura de una oficina de gestión judicial para entender en los conflictos que afectan a usuarios y consumidores. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad capacitó personal y se lo asignó a esa dependencia, a través de la cual ingresan las causas de relaciones de consumo, que por ahora son derivadas a seis juzgados que también tramitan otro tipo de causas.
Mientras tanto, se avanza en la creación de tres nuevos juzgados de primera instancia que tendrán competencia específica y exclusiva en consumo. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal porteño también creará fiscalías especializadas en el tema.
Otro paso para darle forma al nuevo fuero es la apertura del Registro de Aspirantes a Conciliadores. Los abogados interesados tuvieron tiempo hasta este lunes para anotarse a través del Portal del Litigante (eje.juscaba.gob.ar). Es que antes de ir a juicio es obligatorio pasar por una instancia conciliatoria con la empresa o proveedor.
Esa instancia se podrá realizar a través del Servicio de Conciliación para las Relaciones de Consumo del Consejo de la Magistratura, ahora en formación. También se puede optar por otros servicios similares ya en funcionamiento, como el que ofrece el Gobierno porteño a través de su Dirección de Defensa y Protección al Consumidor o el del COPREC, el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo que depende de la Nación. Si no hay acuerdo o el proveedor no comparece en las audiencias, sí queda abierto el camino para presentar la demanda judicial.
“El Sistema de Conciliación Previa de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad funcionará en el ámbito de la Oficina de Defensa del Litigante. Se trata de una instancia prejudicial obligatoria válida en caso de concluir sin acuerdo o por incomparecencia, a los efectos de iniciar demandas judiciales ante el fuero Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo”, explica el consejero Juan Pablo Zanetta del Consejo de la Magistratura porteño.
Los procesos son gratuitos cuando el actor es el consumidor, quien no deberá abonar gastos ni costas. Si el monto del reclamo es inferior a $ 90 mil, el damnificado podrá presentarlo directamente. Si es superior a esa cifra, deberá realizarlo a través de un abogado.
Según detalla Zanetta, tanto la presentación del reclamo como gran parte del proceso se realiza de manera online. Y su resolución es rápida: como mucho, puede llevar alrededor de 6 meses.
Los reclamos más frecuentes
Entre las 1.700 causas tramitadas hasta el momento en la Justicia de Relaciones de Consumo de la Ciudad, el reclamo número uno gira en torno al transporte aéreo, algo que está vinculado a los trastornos que ocasionó la irrupción del coronavirus. En una de esas causas, por ejemplo, se ordenó embargo a una empresa por los montos de los pasajes aéreos no utilizados en la pandemia. Según explican desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, esta cautelar fue dictada en el marco de una acción por daños y perjuicios.
En el segundo lugar del ranking de denuncias se encuentran las relacionadas con bancos y productos y servicios financieros. Dentro de este rubro son frecuentes las quejas por el cobro de intereses desmedidos, estafas financieras o falta de protección frente a delitos informáticos.
Un caso emblemático es el de un cliente que ingresó en una publicidad de su banco en Instagram para solicitar una tarjeta de crédito. Le respondieron pidiéndole su celular y otros datos para iniciar el trámite. Poco después, tenía bloqueados su home banking y su correo electrónico. Había sido víctima de phishing y alguien había sacado en su nombre un préstamo de $ 131.500, a devolver en cuotas de $ 10.000. Además, había realizado varias transferencias. La entidad bancaria jamás alertó al cliente por estos movimientos.
El damnificado realizó un reclamo en la Justicia del Consumidor porteña, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y le ordenó al banco suspender cualquier débito en la caja de ahorros del cliente afectado.
En otra causa, la Justicia porteña apuntó contra otro problema frecuente: el acoso que sufren amigos y familiares de deudores. Así, dictó una cautelar ordenándole a una empresa crediticia suspender todo tipo de contacto, ya sea telefónico, por carta, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otro medio, con terceras personas humanas o jurídicas por la supuesta deuda por consumos con una tarjeta de crédito de una persona.
El tercer puesto en el ranking de reclamos judiciales por cuestiones de consumo es ocupado por los problemas con planes de ahorro previo y concesionarias. En uno de estos casos, la Justicia ordenó a una empresa y a una concesionaria automotriz que ajusten la cuota mensual de un contrato de ahorro previo.
En el cuarto lugar de los reclamos se encuentran los conflictos con empresas de servicios públicos y en el quinto, los problemas con servicios de hotelería y turismo.
Fecha: 10 de julio de 2022
Medio: Clarín