Un debate que lleva varios años en la justicia es el traspaso del Poder Judicial de la Nación al de la ciudad de Buenos Aires. Quienes lo defienden sostiene que la ciudad debe tener una justicia plena y que así lo establece su Constitución y quienes se oponen señalan que, por el contrario, es inconstitucional y presentan distintas críticas. Entre los primeros está Alberto Maques, presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad. “Es como pasar de turista a viajar en primera. Automáticamente nunca más quieren volver a turista”, grafica Maques sobe el paso de la justicia nacional a la de la ciudad y dice que “hay un montón de cosas que realmente hacen una diferencia abismal”.
El Consejo es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la ciudad, de la selección de sus jueces y de investigar su desempeño. Maques lo preside desde diciembre del año pasado cuando asumió en representación de los abogados. En diálogo con Infobae el funcionario habla del traspaso, de la resistencia de los jueces nacionales y de la mirada de la sociedad sobre la justicia.
Hace más de 35 años es abogado y desde diciembre preside el Consejo de la Magistratura de la ciudad. ¿Cuando está en un evento social y dice que trabaja en el Poder Judicial cuál es la reacción de la gente?
Uuhh, variada. Obviamente en una reunión es un tema que surge naturalmente y la respuesta es un tono a veces de crítica, de queja, de una justicia que demora, remolona. En este país somos todos abogados y directores técnicos de futbol. Eso genera criticas fundadas y otras en base al desconocimiento. Pero el reclamo siempre es por una justiciar más rápida. Y en eso tienen razón.
¿Coincide con esas críticas o muchas son exageradas y producto del desconocimiento del Poder Judicial?
Sería muy cuidadoso. Es cierto que hay un gran desconocimiento. Pero cuando hay críticas la gente no lo hace porque no conoce. Hay fundamentación de muchas cosas que se deben mejorar, tarea para la cual he sido designado en el Consejo. Y también desde la justicia no se sabe dar el mensaje adecuado. En 2019 ya no se puede hablarle a la gente en términos jurídicos o en latín cuando la gente tiene que estar más cerca de la justicia y para eso hay que acercarle la justicia a la gente.
¿Y hay consenso en el Poder Judicial de acercarse?
La experiencia indica que cuando uno no tiene nada para esconder no tiene que tener ningún temor a hablar sobre lo que hace y a clarificar. Los jueces mayoritariamente, los integrantes del Poder Judicial y los abogados tienen ese criterio. Hay predisposición a reconocer que el reclamo de la gente es válido. Me refiero a la justicia de la ciudad pero lo hago abarcativo a toda la justicia.
Uno de los temas que tiene hoy la justicia de la ciudad es el traspaso de delitos penales que antes estaban en la esfera de la justiciar nacional. El último fue el narcomenudeo. Y también del resto de los fueros. Y la ciudad de tener una justicia chica, con causas de faltas y contravenciones, se está agrandando. ¿Cómo impacta ese traspaso en la estructura de la justicia de la ciudad?
El narcomenudeo desde el 1 de enero pasado hasta hoy son 16 mil causas. Impactó bien porque se estaba a la altura de los acontecimientos. Esas 16 mil causas implicaron la multiplicidad de funciones, más horas de trabajo pero con la misma infraestructura y salario. Pero se demostró que se está a la altura de los acontecimientos. Mi mayor proyecto en lo inmediato es el traspaso pleno. En 1996 fui uno de los 60 convencionales constituyentes que hicimos la Constitución de la ciudad y ahí se contempló este tipo de justicia y el traspaso de todas las jurisdicciones. No se puede hacer en forma desprolija pero no implica que debe demorarse en el tiempo. Por ejemplo, sería trascendente que se traspasara el fuero laboral. ¿Sabe con qué se encontraría la gente? Con que un juicio que en el ámbito nacional dura dos o tres años, en la ciudad podría estar en la mitad del tiempo o en menos. Yo quiero para la ciudad un Paseo del Bajo. Antes se tardaba 45 minutos a una hora para hacer esos siete kilómetros. Hoy se tarda siete minutos. Que el proceso que duraban dos o tres años se pueda llevar al tercio de ese tiempo con la misma eficiencia, con una mejor atención.
Pero los jueces nacionales que deberían ir a la justicia de la ciudad no quieren pasar
Yo diría que no todos. Pero sin que esto implique faltarle el respeto a ningún magistrado nacional quiero decir que la experiencia que van a tener los jueces que inicialmente se niegan a pasar a la ciudad va a ser similar a como cuando están haciendo la cola para abordar un avión, tienen un ticket turista y cuando llegan les dicen “usted hoy viaja en primera, en business”. Automáticamente nunca más quieren volver a turista. Eso es lo que van a experimentar cuando pasen a la ciudad. La ciudad tiene infraestructura, tecnología, servicios. No tienen que esperar 20 días para los cartuchos de una impresora ni para una resma de papel, para la informatización. Hay un montón de cosas que realmente hacen una diferencia abismal.
¿Cree que en esa negativa a pasar hay como una cuestión de clase, de no querer dejar de ser nacionales para ser jueces de una ciudad?
Se puede definir como de clases o de status. Pero el verdadero juez es el que tiene vocación por la justicia. Es una minoría lo que no quiere pasar, tal vez el miedo a lo desconocido.
Una de las objeciones de los jueces nacionales es que haya cambios en el régimen de sus jubilaciones o en el salario. ¿Corren esos riesgos?
En ese sentido el mayor reclamo lo harían los jueces de la ciudad que tienen un nivel de remuneración inferior al de los nacionales. No tendrían ninguna afectación en el régimen jubilatorio, tampoco lo tendrían en la parte impositiva. En enero de este año saqué una resolución similar a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la de Córdoba que exime del pago del impuesto a las ganancias al reducido número que quedaba del sector judicial de la ciudad porque quienes ingresaron antes del 2017 ya no pagaban ganancias. De hecho en el Consejo el único que pagaba ganancias era yo. La justicia no es ni para los jueces ni para los abogados, es para la gente. Y el traspaso es una obligación constitucional.
Fecha: 10 de octubre de 2019
Medio: Infobae