Este jueves 8 de octubre, se firmó en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Magistratura porteño, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Tutelar y la Legislatura de la Ciudad. El mismo fue suscrito por la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, la titular de la Defensoría del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños, el fiscal general porteño, Javier Martín López Zavaleta, la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán, la asesora general tutelar de CABA, Carolina Stanley y el secretario administrativo de la Legislatura local, Christian Gribaudo.
Asimismo, estuvieron presentes en el acto los consejeros Guillermo Scheibler y Rocío López di Muro, el director general de Supervisión, Gestión y Calidad Institucional, Miguel Gliksberg y el titular de la Secretaría General de Relaciones Institucionales del MPF, Aníbal Brunet, entre otros.
El convenio se concibe en el marco de la Ley de Inserción Laboral para Jóvenes sin Cuidados Parentales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual constituye un avance significativo en materia de ampliación de derechos y construcción de políticas públicas destinadas a jóvenes que atravesaron trayectorias de institucionalización o medidas de protección excepcional. Muchos de esos jóvenes que egresan de hogares convivenciales o dispositivos de cuidado alternativo han atravesado experiencias de vulneración de derechos, discontinuidad de vínculos significativos, cambios institucionales reiterados y escasas oportunidades de acceso a experiencias laborales formales. En este contexto, la incorporación al ámbito laboral puede generar situaciones de ansiedad, inseguridad, dificultades vinculares o riesgos de desvinculación temprana.
Por ello, el acuerdo tiene como objeto el diseño, construcción e implementación de un dispositivo institucional de acompañamiento y seguimiento integral para aquellos jóvenes sin cuidados parentales que ingresen laboralmente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Tutelar y a la Legislatura porteña, promoviendo la inclusión laboral sostenida, el fortalecimiento de la autonomía, la garantía integral de derechos y construcción de proyectos de vida.
