Congreso Internacional de Contrataciones Públicas 2023.

Durante los días 26 y 27 de junio se llevó a cabo el Congreso Internacional de Contrataciones Públicas, que se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Organizado por el Consejo de la Magistratura, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Legislatura porteña, el evento contó con la visión de aquellos encargados de pensar las normas, de impulsarlas y ejecutarlas y tuvo como objetivo generar un intercambio positivo sobre realidades, estándares, desafíos y objetivos que se tienen en cuenta a la hora de pensar como optimizar los sistemas de contrataciones públicas.

La vicepresidenta primero del Consejo, Genoveva Ferrero, fue una de las impulsoras de la actividad, la cual destacó por “contar con la organización del Poder Judicial de la Ciudad en conjunto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo“. “La idea de realizar este Congreso sobre una temática tan trascendente como las contrataciones públicas surgió desde la necesidad de revisar el Decreto Nacional 1.023 y ver qué podemos perfeccionar, qué podemos incorporar y qué podemos trabajar en conjunto los tres poderes, con la participación de expositores, tanto nacionales como internacionales” afirmó Ferrero, quien participó del acto de apertura y cierre y del panel sobre contrataciones digitales. En otro sentido, la vicepresidenta primera recordó la reciente modificación de la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA –Ley 2.095–, respecto de la preferencia para aquellas empresas que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores o personas jurídicas que han obtenido certificados que respondan a criterios sociales. “Este Congreso representa un evento de suma importancia para nosotros porque seguro que desde aquí surgirá un documento que vamos a poder trabajar en conjunto” concluyó.

El presidente del Consejo, Francisco Quintana, participó del cierre del Congreso junto al representante residente del PNUD Argentina, Claudio Tomasi y el profesor titular de Elementos del Derecho Administrativo de la UBA, Carlos Balbín. En su exposición, Quintana resaltó la importancia que el evento se lleve a cabo en la Universidad de Buenos Aires y que cuente con la participación y organización de los tres poderes porteños. “Que este Congreso se realice en la UBA tiene un valor adicional porque es la casa pública a nivel universitario y que se aborde esta temática ratifica el compromiso que tenemos de seguir trabajando para lo que viene” sostuvo. Asimismo, el presidente del Consejo destacó el trabajo realizado por la vicepresidenta primera del Consejo, Genoveva Ferrero y reconoció “el prestigio del nivel de los expositores de ambos días”.

“Este Congreso surgió desde la necesidad de revisar la normativa vigente y ver qué podemos perfeccionar, incorporar y trabajar en conjunto los tres poderes de la Ciudad”Genoveva Ferrero, vicepresidenta primera del Consejo

Asimismo, el Decano de la Facultad de Derecho UBA, Leandro Vergara, resaltó la importancia y el orgullo para la UBA por haber sido anfitriona del Congreso. “El hecho que se pueda reflexionar y pensar sobre la contratación pública, desde el punto de vista de las políticas públicas, es absolutamente estratégico y que se desarrolle en nuestra Facultad hace al crecimiento de la temática pero también de nuestra Universidad” reconoció.

Por su parte, el consejero Alberto Biglieri disertó en el panel sobre métodos de resolución de conflictos junto a la Profesional Lecturer in Government Procurement Law Program en The George Washington University Law School, Ana Victoria Christoff, la especialista en Derecho Administrativo Económico, Estela Sacristán y el especialista senior en Adquisiciones del BID, Roberto Laguado. “En este Congreso se ha generado una masa crítica de conocimientos con participación de representantes de distintos países que generan una estructura de derecho comparado para pensar las cosas que vienen y que pueden mejorar el derecho en nuestro país” reconoció. Asimismo, Biglieri, que agradeció a la UBA por prestar su Facultad, resaltó: “Reflexionamos sobre la necesidad de modificar las estructuras contractuales actuales que son del 2001, con una organización que fue excelente y una grandísima convocatoria”.

Durante el primer panel del primer día, la consejera Ana Salvatelli ofreció su mirada respecto de los principios globales de las contrataciones públicas y el análisis comparado entre los sistemas vigentes en el continente americano. “La compra pública interviene en el mercado y genera un instrumento político, entonces si lo pensamos desde una perspectiva social debemos pensar en la sustentabilidad y equidad laboral de dichas empresas, por ejemplo” dijo Salvatelli, quien expuso sobre la temática junto al Lynn David Research Professor in Government Procurement Law en The George Washington University Law School, Christopher Yukins, el subjefe de la División de Infraestructura y Contratación Pública en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, Paulo Magina, el jefe de la División de Gestión Financiera y Adquisiciones del BID, Javier Dávila Pérez y la jueza CATyRC, Natalia Tanno. Asimismo, la consejera reconoció: “Este tipo de Congresos son la oportunidad ideal para abrir el debate sobre la necesidad de revisar la normativa nacional de contrataciones del Decreto 1023 que lleva 20 años de vigencia”.

El Congreso contó con la participación de más de 500 inscriptos y más de 30 disertantes

Asimismo, el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín participó del segundo día del Congreso en el panel sobre Parámetros Ambientales y de Sustentabilidad en las Contrataciones Públicas junto a la directora general de Compras y Contrataciones GCBA, Marisa Tojo y el socio del Estudio Stucchi Abogados (Lima), Pierino Stucchi López Raygada. “Si bien hay regulación normativa bastante clara al respecto, la idea de la sustentabilidad de las compras públicas tiene que formar parte más que nada en la introducción de esta variable dentro de lo que son las políticas públicas” destacó. El camarista definió como una ventaja “la claúsula ambiental del artículo 41 que s introdujo en la reforma de 1994” y agregó: “Hay que adaptar alguna normativa en relación con la normativa nacional y establecer parámetros claros cuando hablamos de sustentabilidad”.

El Congreso contó con la participación de más de 500 inscriptos y más de 30 disertantes, entre los que se destacan los mencionados y también la profesora titular de Derecho de Contratación Pública en la Universidad de Sudáfrica, Alisson Anthony, la especialista en Políticas de Transparencia, Integridad y Anticorrupción, Laura Alonso, la especialista Fiscal Senior y Coordinadora de Género y Diversidad en la División de Gestión Fiscal del BID, Leslie Harper, la coordinadora de Adquisiciones y Contratos del PNUD Argentina, Paola Laurenzano, el Subsecretario de Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios de Salta, Facundo Marín, la especialista de Líder en Adquisiciones de Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Álvaro Larrea, la Asesora y Consultora en Obras Públicas e Infraestructura, Susana Vega, el Managing Partner del Estudio Jurídico IUS Partners de Asunción, Raúl Fernando Sapena Giménez, la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario, Adriana Taller, el experto internacional en Modernización e Innovación en Sistemas de Contratación Pública, Daniel Sánchez, la socia de las áreas de Derecho Administrativo, Compliance, Anticorrupción e Investigadora en Marval O´Farrel Mairal, María Lorena Schiariti, la directora de Keidos Impacto Legal, Constanza Connolly, el doctor en Derecho, Pablo Schiavi, el socio del Estudio Jurídico Cassagne Abogados, Ezequiel Cassagne. Asimismo, el consejero Javier Concepción y magistrados del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo participaron del evento en el Salón Azul.

Durante los dos días del Congreso se abordaron las temáticas mencionadas, como así también el e-procurement, el impacto de la Inteligencia Artificial, la negociación y el sistema de protestas en la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el compliance, el impacto social de las contrataciones públicas y su impacto en los desafíos futuros, entre otros.

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