Por Gonzalo Palese
La jornada del viernes tres de febrero de 2017 no fue una más para la Justicia porteña. Por primera vez, distinguidos magistrados locales vieron a colegas suyos con jurisdicción nacional marchando por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o llamando a un paro del sector judicial en protesta por la firma del convenio, días atrás, entre los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para iniciar de una vez el proceso de transferencia de competencias de la Nación a la Capital Federal.
En noviembre del año anterior un fuerte comunicado de la Asociación de Magistrados hizo caer la firma de ese convenio. Con ese antecedente y con una guerra insólita entre el PRO y los jueces, el acuerdo se firmó el 19 de enero con foto del presidente, el jefe de Gobierno y los ministros de Justicia de Nación y Ciudad, Germán Garavano y Martín Ocampo, respectivamente.
A semanas de esa marcha y de la rúbrica del convenio, aún falta que la Legislatura porteña y el Congreso lo convaliden, sigue corriendo mucha agua bajo el puente: los jueces nacionales continúan cuestionando el acuerdo, desconfían de que se respete su condición laboral al ser traspasados, hablaron de “futuros nombramientos políticos” en la Justicia local e incluso la Red Latinoamericana de Jueces sostuvo que el traspaso “afecta la independencia judicial”. A pesar de este marco, la Ciudad y la Nación afirman el proceso, que ya comenzó en el Consejo de la Magistratura local.
En diálogo con Letra P, el juez porteño y consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Vázquez defendió la transferencia de competencias porque “se está cumpliendo con la Constitución” y porque “permite avanzar con el proceso de autonomía de la Ciudad”. Además, cuestiona la actitud de los gremios ante el traspaso. “Me parece que tienen un dilema interno que resolver porque, por un lado, defienden los intereses de los trabajadores del poder judicial local y, por el otro, están planteando que un eventual integración de trabajadores judiciales de la Nación a la Ciudad sería poco más que una catástrofe”, dispara.
-¿En qué instancia está hoy el traspaso de la Justicia?
Estamos en el Consejo realizando todas las evaluaciones para para asumir las competencias que están detalladas y recibir al personal que se transfiere y poner en marcha concursos para cargos que también habrá de definir en la Legislatura al momento de aceptar el convenio. Una vez que la Legislatura y el Congreso de la Nación aprueben el convenio suscripto el 19 de enero tenemos 120 días para asumir esas competencias. Una vez definidos los cargos puntuales se va a convocar a concurso de inmediato y trataremos de sustanciarlo con la mayor celeridad que nos permita reglamento que está vigente.
-¿Qué implica para la Ciudad y el Estado porteño el traspaso de la Justicia?
Lo que se pierde de vista, y es lo más relevante, es que se está cumpliendo ni más ni menos con lo que impuso la Constitución de 1994 al cambiarle el estatus a la Ciudad y pasar a ser la sede del gobierno federal pasó a ser un estado autónomo equiparado al resto de las provincias. El segundo es que se equipara a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires con el resto de los argentinos porque recién en 1996 los porteños pudieron ejercer sus derechos electorales eligiendo a sus representantes.
Lo que no pudieron a través de sus instituciones, y no pueden aún hoy, es designar a todos los jueces con competencia ordinaria. A los jueces civiles, comerciales, laborales… A todos aquellos que el resto de los provincianos eligen.
-¿De dónde sale el dinero para costear el traspaso? La Policía se traspasó con fondos, como pedía Horacio Rodríguez Larreta…
Hoy por hoy la Nación está asumiendo la administración de Justicia de la Ciudad y eso no debería ocurrir. Tal como ocurre con el resto de las provincias, a través de la coparticipación federal, le compete a cada una la parte correspondiente y, por medio de sus propias instituciones, definen el modo de administrarlos. Desde 1998 tenemos un Poder Judicial en la Ciudad con competencias restringidas. Existieron dos convenios previos que determinaron que desde 2003 la competencia penal y parcial en algunos delitos la asumimos los jueces del Fuero, Penal, Contravencional y de Faltas del cual formo parte. Y nunca se discutió esa asunción de competencias.
La realidad es que pasó al revés porque ha habido contiendas de competencias entre jueces nacionales y los porteños y se han definido como en el marco de cualquier sistema procesal vigente. Cualquier transferencia, lo establece la Constitución, tiene que ser compartida con las partidas presupuestarias. Hasta ahora no ocurrió porque hubo circunstancias políticas que impidieron, por ejemplo, que frente a los dos convenios la Ciudad recibiera las partidas correspondientes.
Ahora, tal como ocurrió con la Policía, una parte de ella realizaba tareas propias de una policía provincial, dispuesto el traspaso eso necesariamente fue acompañado con las partidas correspondientes. A partir de ahí, es la Ciudad la que tiene que administrar esos recursos y brindar una respuesta al ciudadano.
-¿Tiene el presupuesto necesario la Ciudad para costear este traspaso y alojar a los nuevos juzgados?
Cualquier traspaso tiene que estar acompañado de partidas porque así lo establece la Constitución, para la Ciudad y todas las provincias. Con respecto a los edificios, en el mes de enero el Consejo adquirió un edificio en el marco de una política de sustitución de alquileres por edificios propios.
Dos objetivos. En los casos todavía donde estamos alquilando edificios donde funciona Tribunales, la idea es dejar eso y reubicar a los juzgados que ahí están funcionando o, frente al traspaso, esto nos permite, son más de 10 mil metros cuadrados, resolver la necesidad que represente poner en funcionamiento la cantidad de juzgados, fiscalías y defensorías que implica el traspaso.
-¿Por qué los jueces nacionales pusieron y ponen reparos en torno al traspaso?
Esto no es nuevo. Yo vengo de la Justicia nacional y estoy orgulloso de eso, pero estoy también orgulloso de mi presente como juez de la ciudad. Cualquier cambio de realidad… En general, creo que el Poder Judicial es bastante conservador y esto es lo que de alguna manera influye negativamente. Hace 20 años que está negativa se ha expresado y se mantiene y me parece que lo que se pierde de vista es lo importante de la función y el derecho de los ciudadanos al traspaso. Lo que no puede pasar es que desde la Justicia nosotros estemos asumiendo una posición que desconoce aquello que debemos priorizar que es la defensa de los derechos constitucionales.
-Algunos jueces convocaron a un paro y denunciaron “razones políticas” en los futuros nombrabientos…
Hay cierto grado de desconocimiento de lo que es la realidad del Poder Judicial de la Ciudad. Por otro lado, plantear esta supuesta manipulación en la designación de futura de magistrados es no conocer la realidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que tiene una representación más equilibrada que la que tiene la Magistratura nacional.
Si esa fuera la regla no escaparía a otros sistemas de concurso. Me parece que es peligroso plantear esto. Yo presido la Comisión de Selección y vamos a sustanciar los concursos de manera transparente. Frente a este proceso tan controvertido todas las miradas van a estar puestas en nuestra actuación. Se han puesto dos fueros en funcionamiento, se han sustituido jueces, fiscales y defensores y la realidad es que hasta donde tengo presente no ha habido denuncias o cuestionamientos a todo lo que a lo largo de la historia del Poder Judicial se ha realizado acá.
-¿Se les van a respetar los cargos y salarios a jueces y empleados que pasen a la Ciudad? Los gremios desconfían…
En el Poder Judicial hay representación gremial y tres sindicatos que la poseen. Dos de ellos tienen intervención en el ámbito nacional, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales, con lo cual me parece que tienen un dilema interno que resolver porque, por un lado, defienden los intereses de los trabajadores del poder judicial local y, por el otro, están planteando que un eventual integración de trabajadores judiciales de la Nación a la Ciudad sería poco más que una catástrofe. Por supuesto que vamos a respetar los salarios y los derechos.
Somos del Poder Judicial, juramos por la Constitución de la Nación y la Ciudad, no estamos para avasallar derechos, sino para garantizarlos.
-Usted dijo que no avanzar con el traspaso implica violar la Constitución… ¿Por qué?
El mandato del Constituyente fue claro porque le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y la autonomía de legislación y jurisdicción. La Ciudad dictó su Constitución siguiendo el sistema establecido por la Carta Magna nacional que es republicano y representativo con división de poderes y no puede haber autonomía sin facultades plenas ejercidas.
Claramente, la Ciudad es autónoma está equiparada y es una provincia más pero no se puede llamar provincia, salvo que se le cambie el nombre. Desconocer eso es desconocer el mandato constitucional y es un problema grave para todos los argentinos y, en especial, para todos los que integramos el Poder Judicial.
-¿Por qué cree que este gobierno pudo avanzar con el traspaso de competencias y otros no lo intentaron o no lo lograron?
Soy juez de la Ciudad desde 1998 y vi pasar a todos los jefes de Gobierno elegidos por el pueblo y todas las administraciones. Esta es la primera vez que coincide el mismo signo político a nivel nacional y local. Me parece que esta falta de identidad fue a funcional a aquellos que en definitiva tampoco quieren del todo que la ciudad tenga autonomía plena.
Lo que no permitió materializar la asunción de competencias, por ejemplo, en delitos contra la administración pública desde 2011 a la fecha es porque la Legislatura no aceptó esa transferencia de competencias. La realidad es que el proceso ha sido tan largo porque la voluntad política de ambos lados no ha sido todo lo enfática que debería haber sido.
Fecha: 27 de febrero de 2017
Medio: Letra P