El Gobierno decidió terminar con los amagues y decretó el comienzo del traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, con el que abrió un frente de conflicto con gran parte de los jueces. Como adelantó el lunes Ámbito Financiero, ayer en medio de la feria judicial, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estampan sus firmas en cuatro convenios de transferencia que habían puesto en alerta a magistrados y sindicatos. La punta de lanza serán algunos juzgados vacantes del fuero penal y todo el fuero del consumidor. En el paquete está también la migración del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (IGJ) para sociedades con domicilio porteño. La resistencia judicial dará batalla en dos frentes: por un lado, en el Senado que deberá ratificar los acuerdos; y por otro lado en la Justicia, sembrando de amparos los tribunales.
Bajo el paraguas de la autonomía y de una mejora en la administración de justicia para los vecinos como lema, el Salón Blanco de la Casa Rosada fue el escenario de la firma de los “convenios interjurisdiccionales” que permitirán al Ejecutivo avanzar con la transferencia. Acompañado por los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo, Macri destacó el impacto que tendrá la iniciativa en materia de seguridad. Aseguró que de esta forma, dará “respuestas a las víctimas” haciendo que la tarea de poder del Estado sea “más eficiente, más cercana y más dinámica”. La metodología para el traspaso se venía cocinando desde fines de año, cuando un fuerte lobby de los jueces hizo naufragar la primera fecha de firma prevista para el 30 de noviembre. Pese a que sabían del pie en el acelerador que el Gobierno había puesto estratégicamente en medio del receso, muchos jueces ayer estaban en estado de shock por la novedad y los alcances de las medidas que una vez ratificadas -primero por el Congreso, y luego por la Legislatura porteña- tendrán 180 días para volverse operativas, pese a que no hay un cálculo definitivo de fondos que deberán girar a Rodríguez Larreta. La última semana el diálogo con el Gobierno estaba cortado a la espera de que se concrete la firma.Ahora evalúan el primer paso en su ofensiva anti traspaso: acudir al Senado para intentar que la iniciativa quede trabada en esa instancia, debido al dinero que deberán ceder las provincias a favor de la Capital, émulo de lo que sucedió con la Policía.
Como anticipó este diario, la Ciudad no obtuvo todos los juzgados que pretendía apelando a la migración de la totalidad de aquellos que hoy estuvieran vacantes. Tampoco se avanzó en otros fueros que generaban roces con la CGT, como el laboral. Pero lo que sí obtuvo fue el traspaso de las competencias penales, es decir los delitos que la justicia capitalina ahora será capaz de investigar y juzgar, y antes le estaba vedado. Esta nómina incluye los que son por abuso de armas, contra el honor, contra la integridad sexual, contra la propiedad, la seguridad pública, la libertad y el orden público. Pero uno de los más polémicos es el que habilita a los magistrados porteños a investigar cualquier delito contra la administración pública que involucre a los funcionarios de la Ciudad. La cuestión despertó las primeras suspicacias.
Desde la Asociación de Magistrados, empezaron a sonar los tambores de guerra. Considerado como “inconstitucional”, la agrupación que nuclea a los jueces, fiscales y defensores se prepara para una batalla legal contra el Gobierno. Desestiman que la cuestión del fuero nacional sea una pérdida de status o de defensa corporativa de privilegios. De 361 dependencias, 8 juzgados, y dos de menores serán para la primera etapa junto a 15 vocalías de tribunales orales y 3 de menores. A estos se agregan tres defensorías y 18 cargos que dependen de Alejandra Gils Carbó. Los jueces objetan que ahora podrán ser removidos de forma más fácil y que los nombramientos dependerán del Consejo de la Magistratura local, bastión del oficialismo.
Desde el ámbito porteño, tuvieron la postura contraria: Enzo Pagani, titular del Consejo aseguró que están “preparados” para recibir los tribunales. “Venimos trabajando desde hace casi un año en el tema y contamos con los recursos humanos y equipos para lograr que todo se haga en forma correcta]”, sostuvo. El defensor general adjunto, Luis Duacastella destacó la autonomía porteña y postuló que la firma de ayer “es un gran paso que, sin dudas, fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”. Los funcionarios porteños estaban exultantes con el avance, más fruto de una decisión política que de negar que enfrentarán un escenario con nubarrones en su relación con los magistrados. Anoche le reprochaban a algunos interlocutores del Gobierno que había sido una promesa subterránea de campaña de Cambiemos el freezar la idea de la transferencia. Empleados judiciales también se pintan la cara para el combate que pone en riesgo el inicio de las actividades posferia.
Fecha: 20 de enero de 2017
Medio: Ámbito.com