Durante los dos años de gestión fui Presidente de la Comisión de Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la CABA, integré la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial y la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica. En ese período, me desempeñé a su vez, como Juez en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas y como vocal en el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En mi gestión como consejero juez consideré indispensable establecer una serie de objetivos con el fin de fomentar la participación de la comunidad, así como también, poder contar con respuestas más rápidas, menos costosas y de mayor calidad ante sus demandas.
Concretar estas ideas, en el marco de un órgano colegiado implica, necesariamente, fijar un rumbo que, además, resulte compatible con las misiones y funciones propias de los roles asumidos. Bajo estas premisas, me propuse crear espacios para el intercambio y el trabajo conjunto en materia de acceso a la justicia y participación ciudadana. Siempre en la búsqueda de achicar la brecha entre la comunidad y el Poder Judicial.
En este sentido, se establecieron distintos dispositivos de trabajo que posibilitaron a todos los actores involucrados en esta visión de la administración de justicia, poder contar con espacios adecuados para el diálogo transversal, horizontal y democrático. La especialización de las labores y la coordinación de las tareas demandó que, aquel objetivo general, en la práctica, se transformara en una serie de acciones concretas y específicas, a saber: 1) la realización de trabajos de investigación; 2) la elaboración de informes diagnóstico; 3) el establecimiento y la consolidación de determinados indicadores; 4) la producción y el monitoreo de datos; 5) la elaboración de información estadística mensual; 6) la comparación de los sistemas procesales vigentes en otras jurisdicciones; 7) la redacción de manuales y de guías prácticas para operadores y para los ciudadanos; 8) la divulgación a través de charlas y de actividades en distintos foros y en la vía pública en temas directamente relaciones con el sistema judicial; 9) la suscripción de convenios con instituciones nacionales y 10) la suscripción de convenios internacionales para fortalecer el camino en la dirección propuesta.
Todas estas acciones fueron previamente analizadas, explicitadas, debatidas y aprobadas en el marco de la Comisión de Transferencia de Competencias de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el consenso unánime de mis colegas. Un proceso de este tipo implicó un importante desafío y requirió un gran esfuerzo en múltiples dimensiones junto con mis colegas Consejeros, miembros de dicha Comisión, la Dra. Anabella Hers, el Dr. Alberto Biglieri, el Dr. Javier Concepción, la Dra. Ana Salvatelli, el Dr. Manuel Izura y la Dra. Karina Leguizamon y, también, con mi colega, representante del estamento judicial, la Dra. Julia Correa. Esta tarea no hubiera sido posible sin el aporte y el trabajo realizado por los equipos de la Comisión de Transferencia de Competencias, de la Dirección de Juicio por Jurados, del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos y del Observatorio de Políticas de la Jurisdicción de Trabajo, a quienes les agradezco formalmente.
Lineas de trabajo
En primer término, continuar y profundizar el trabajo diagnóstico a través de la elaboración y de la actualización periódica de los informes por materia producidos respecto de la Justicia Nacional Ordinaria que sirvan de insumos para la planificación adecuada del traspaso.
En segundo orden, afianzar la divulgación de materiales de trabajo en materia de transferencia. Esta actividad contó con el apoyo y la colaboración invaluable de la Editorial JUSBAIRES y, en particular, de la Dra. Alejandra Garcia.
En tercer lugar, instalar en la agenda pública la transferencia de competencias mediante un ciclo de charlas de expertos que sumaron sus experiencias en torno a la autonomía de la ciudad y la transferencia de competencias penales del Poder Judicial de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también respecto de las restantes materias susceptibles de traspaso.
En cuarto lugar, fortalecer el diálogo institucional horizontal y transversal a través del intercambio entre los operadores de distintas jurisdicciones, de los diferentes poderes del estado y de la comunidad en general en el marco de las mesas de trabajo creadas a tal fin.
Finalmente, en quinto orden, establecer una estrategia ordenada que asegure la posibilidad de iniciar una nueva etapa en el esquema progresivo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional Ordinaria a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se buscó establecer un criterio de orden técnico que, además, resulte adecuado al contexto social, económico y político que atraviesa la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que, a nadie escapa el conocimiento general sobre el estado coyuntural de la República en esos aspectos.
Sin embargo, la complejidad para producir un avance en esa dirección resulta elocuente y esto se debe, en alguna medida, a la necesidad de una decisión política, de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo de la Ciudad que posibilite la celebración de un nuevo acuerdo y la creación de un instrumento para el traspaso. Esta circunstancia ha colocado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, principalmente, a su comunidad, en una situación de clara desventaja respecto a los habitantes de otras jurisdicciones del país, debido a que los porteños no pueden acudir a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para configurar sus procesos judiciales y resolver, entre muchas otras cosas, sus conflictos.
Desde una perspectiva reflexiva, lo que en las últimas décadas debería haber sucedido impacta en la vida de las personas y aleja a los ciudadanos de la administración de justicia. En consecuencia, si bien el trabajo diagnóstico y de actualización periódica de la información y de los datos de la Justicia Nacional Ordinaria (actividad principal de la Comisión de Transferencia) reviste una importancia clave, el hecho de establecer una estrategia, nos permite definir los aspectos prioritarios destinados a quienes deban adoptar las decisiones políticas de oportunidad, mérito y conveniencia.
El desafío principal consistió en fijar las bases para el establecimiento de un programa de traspaso progresivo que resuelva fenómenos sociales, es decir, problemas concretos, claramente identificables y jurídicamente relevantes que afectan de manera directa y significativa a quienes viven y transitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último aspecto, fue el que motivó el análisis comparado de los sistemas procesales provinciales, nacionales y federales con el objeto determinar si, a su vez, existen nuevos institutos que se acerquen al objetivo pretendido y permitan avanzar en la dirección propuesta. El resultado de dicho estudio quedó plasmado en el trabajo de todos los códigos procesales penales, en el cual se analizaron las semejanzas y diferencias de distintos institutos.
En función de lo expuesto, me propuse adicionalmente, fijar una prioridad concreta y una estrategia posible para el traspaso, no sin antes, convocar a una serie de expertos y a la comunidad en general al diálogo a través de un ciclo de charlas públicas abiertas.
Este dispositivo permitió contar con el análisis y con la opinión experta de la Dra. Marcela Basterra, reconocida constitucionalista y ex-presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; de la Dra. Ana Salvatelli, experta en derecho administrativo, Consejera y titular del Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; del Dr. Alberto Nanzer, especialista en derecho penal y procesal penal, Subsecretario General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General de la Ciudad y actual Subsecretario de Política Criminal de la Nación y del Dr. Martin Haissiner, también especialista en derecho penal y Director de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, entre muchos otros.
En conclusión. La confluencia de los tres tópicos que conforman el Plan Estratégico de Gestión 2022-2024 (1. fenómeno criminal, 2. fortalecimiento de juicio por jurados y, 3. políticas penitenciarias) están determinados en procura de articular acciones integrando diversos actores que nos aproxime cada vez más, en este largo y complejo proceso, a completar definitivamente las competencias jurisdiccionales y alcanzar la autonomía plena.
El punto central es activar las vías que conduzcan al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires a la certeza de tener un servicio de Justicia sin barreras que proporcione respuestas a sus intereses y necesidades bajo un ordenamiento jurídico adecuado, cumpliendo con el derecho fundamental de acceso a justicia consagrado por nuestra Constitución.
