A lo largo de estos cuatro años en los que tuve el honor de integrar el Consejo de la Magistratura, representando el estamento judicial y finalmente como su Presidente, he compartido el compromiso y la dedicación con mis colegas Consejeros, asumiendo la responsabilidad de realizar el mejor esfuerzo para que el Poder Judicial de la Ciudad brinde un servicio de justicia de calidad.
Las funciones del Consejo abarcan un conjunto amplio de tareas de importancia institucional. La primera forma de atender las demandas sociales y ofrecer dicho servicio de justicia de manera eficiente, es logrando la cobertura total de los cargos vacantes de titulares de los órganos que componen el Poder Judicial. Con ese norte, nos propusimos impulsar los procedimientos reglamentarios, dando cumplimiento a la obligación del Consejo prevista en el artículo 118 de la Constitución de la Ciudad, para formar la estructura judicial establecida por el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, es función de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público llamar a concurso público de oposición y antecedentes, tanto para titulares de tribunales de la magistratura como de las dependencias del Ministerio Público. Junto con mis colegas que integran la Comisión, pusimos en marcha un procedimiento dinámico para actuar de acuerdo al ritmo en que se producían las vacancias, de forma regular y constante. No solo convocamos a concurso, sino que también previmos los procedimientos para cubrir los cargos que estaban próximos a quedar vacantes, proponiendo la prórroga de los órdenes de mérito de cada concurso. Consideramos que, en tales situaciones, no era necesario esperar la renuncia del titular para dar comienzo a un nuevo concurso para su reemplazo; por el contrario, resultó eficiente preverlo con antelación para intentar dar celeridad a la cobertura de la nueva vacante, con el objeto de evitar que no tuviera titular.
La ampliación de la estructura del Poder Judicial de la Ciudad en los últimos años –como respuesta a la cantidad de casos en los que debía intervenir-, y los movimientos de funcionarios propios de un fuero en crecimiento, hizo que las vacantes fueran algo más que una situación esporádica. Sumado a ello, recientemente se incorporaron los fueros de Justicia Electoral, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, y de Relaciones de Consumo. De tal modo, nuestra tarea se enfocó precisamente en garantizar la cobertura de las titularidades de las dependencias judiciales, para garantizar el servicio de justicia eficiente que exige la Constitución, evitando subrogancias y la sobrecarga de tareas sobre otros magistrados que ya tenían a su cargo sus respectivas dependencias.
El producto de aquel arduo trabajo fue la cobertura de 42 cargos de magistrados (entre Jueces de primera instancia, Camaristas, Fiscales, Defensores y Asesores Tutelares), y el del Titular de la Oficina de Integridad Pública y el de Secretario Electoral, por medio de la realización y finalización de 14 concursos públicos. En este punto, corresponde entonces destacar especialmente la labor de los Consejeros con los que compartí la integración de la Comisión de Selección a lo largo de mi gestión, Dra. Ana Salvatelli, y Dres. Raúl Mariano Alfonsín, Juan Pablo Zanetta, Javier Concepción y Luis Duacastella Arbizu.
Por otro lado, y también con el propósito de agilizar la tarea que realizan los juzgados de la Ciudad para así continuar brindando un buen servicio de justicia, desde mi Unidad Consejero hemos impulsado la conformación de Mesas de Trabajo para abordar asuntos específicos de la jurisdicción. Así, el Plenario de Consejeros dispuso la creación de la Mesa de Trabajo Permanente destinada a “analizar y regularizar el tratamiento y destino final de las cosas, bienes y objetos utilizados para la comisión de delitos relacionados con estupefacientes” (creada por Resol. 95/2021). A través de ella, se logró dar respuesta a varios inconvenientes que se plantearon cuando el Poder Judicial de Ciudad asumió la competencia para intervenir en casos de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, Nº 23.737, y concretamente con el destino de los bienes y el dinero decomisados en los procesos tramitados en los juzgados.
El trabajo significó un éxito institucional, con la participación de diferentes representantes de los tres poderes del Estado. Jueces, Fiscales, autoridades de los Ministerios Públicos, Ministros y representantes del Poder Ejecutivo, entre otros, formaron parte asistiendo y colaborando activamente a cada una de las reuniones que regularmente hemos organizado. Dentro de los objetivos que se han abordado, se destacan dos tareas que han sido trascendentes. Una de ellas es el desarrollo de un procedimiento para la destrucción e incineración de material estupefaciente decomisado en el marco de dichos procesos. En un principio, el material incautado y decomisado se incineraba en el marco de una quema masiva que comenzó a realizarse en el Cementerio de la Chacarita, coordinado por este Consejo, el Ministerio Público Fiscal y con la intervención de la Sección Depósito de Drogas de la Policía de la Ciudad -que trabaja en la custodia, traslado y posterior confección de actas-.
Posteriormente, y con el objeto de llevar a cabo aquel procedimiento teniendo en consideración el cuidado del medio ambiente, se comenzaron a realizar las quemas de estupefacientes en la sede de la empresa adjudicada “Grupo Pelco”, especializada en la gestión de residuos de manera responsable con el medio ambiente. En la planta de aquella firma se llevaron a cabo 4 procedimientos de quema -de un total de 8 realizados durante mi gestión-, de las que participaron autoridades del Ministerio Público Fiscal, del Poder Ejecutivo de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad, entre otras invitadas. Además, cada procedimiento de incineración tiene cobertura de prensa, que permite la difusión del trabajo de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, dando visibilización y transparencia a la lucha contra el tráfico de drogas. Durante toda mi gestión, se incineraron un total de 1.291,5 kilos de material estupefaciente incautado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro logro relevante de esta Mesa de Trabajo, fue el impulso de la propuesta para que el Plenario de Consejeros aprobara la creación de una cuenta bancaria única –en pesos y dólares- a nombre de este Consejo, para la unificación del dinero decomisado en causas vinculadas con estupefacientes. En ese mismo sentido, también se aprobó —y actualmente está en vigencia— un procedimiento para destinar dichos fondos a favor de entidades de bien público que trabajen en la prevención y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes en la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Nº 23.737. Además, para sistematizar este objetivo, se creó un Registro Obligatorio Único de Entidades de Utilidad Pública No Gubernamentales, permitiendo así que aquellas que cumplan con los requisitos legales y de propósito puedan inscribirse. El procedimiento implica que las entidades registradas presenten proyectos, ya sean nuevos o en curso, relacionados con la prevención y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de drogas. Estos proyectos deben detallar cómo se utilizará el dinero, incluyendo presupuestos estimados. Posteriormente, las propuestas son escuchadas en audiencia por los representantes de la Mesa de Trabajo, quienes luego deciden el mejor destino para el dinero disponible. Finalmente, esta decisión se presenta al Plenario de Consejeros para su estudio y eventual aprobación.
Ello, con el propósito de lograr una distribución de fondos amplia, eficiente y transparente, atendiendo a las necesidades concretas de la sociedad por medio de las entidades que trabajan en la lucha contra las adicciones.
En los años 2023 y 2024, se destinó dinero para la ejecución de: mejoras y compra de materiales en predio deportivo en el barrio “Padre Ricciardelli”, denominado “Canchita de los Paraguayos”; programa “Cuidar a los que cuidan” y programa “Radio Comunitaria”, de la Fundación Convivir; proyecto para la Pastoral en Villas de la Vicaría Episcopal; proyecto “Canciones de Libertad de la fundación “CACUCA” (La Casa de la Cultura de la Calle); programa de equipos técnicos de acompañamiento de personas afectadas por el consumo de la fundación “Familia Grande Hogar de Cristo – Federación de Centros Barriales”; proyecto de apoyo escolar y de acompañamiento de personas de la fundación “Uniendo Caminos”; proyecto para mejoras de la huerta del Hospital Pedro de Elizalde “Casa Cuna”; y proyecto para la construcción de salas de centro asistencial para personas con adicciones a fármacos de la fundación “El Almendro”.
Dicho todo ello, las funciones que hemos impulsado como Consejeros sientan un modelo de trabajo que espero sea continuado y mejorado por las sucesivas gestiones de quienes tengan el honor de integrar el Consejo de la Magistratura de nuestra Ciudad, a quienes acompañaré en todo lo necesario para seguir mejorando nuestro servicio de justicia. Agradezco a mis colegas, los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me hayan confiado su representación dentro de este Consejo, esperando haber cumplido con creces la responsabilidad otorgada.
