En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Argentina, en octubre del año 2000, sancionó la Ley 25.346 con el fin de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Se debe destacar el fuerte compromiso que la Argentina ha demostrado con estas políticas, sancionando en el año 2014 una Ley que le otorgó Jerarquía Constitucional, en los términos del art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
En el caso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde junio de 2020 se ha desarrollado un amplio abanico de acciones para la integración y la convivencia de las personas con discapacidad.
Las estrategias de inclusión se instrumentaron en varias dimensiones, entre las que se encuentran: facilitar el Acceso a la Justicia de todos los vecinos, realizar los ajustes necesarios en los procesos judiciales, eliminar barreras de todo tipo, alcanzar el 5% de trabajadores con discapacidad en el Poder Judicial y generar instancias de capacitación, concientización y sensibilización sobre la temática.
La mirada que guía el accionar se basó en la transversalización de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con sustento en el enfoque de la doble vía, trabajando para que sus derechos y necesidades sean visibilizados e incorporados en todas las políticas, programas y actividades. Este enfoque de doble vía implicó la realización de acciones afirmativas para atender sus necesidades tomando en cuenta el contexto y el ámbito de intervención.
La transversalidad de las políticas en esta materia es el principio en virtud del cual las acciones que desarrolla el Poder Judicial no se limitan únicamente a planes y programas específicos pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden políticas y líneas de intervención de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución garantiza a las personas con discapacidad el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades, y ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Además, asegura un cupo del 5% por ciento del personal, con incorporación gradual en la forma que determina la legislación vigente.
Entre las acciones del Poder Judicial de la Ciudad relacionadas con las personas con discapacidad, podemos destacar:
- La Ley N° 6.555 del Observatorio de la Discapacidad, que funciona en el Consejo de la Magistratura como auxiliar del Poder Judicial de la CABA y actúa a requerimiento de los/as Jueces/as, en las causas donde se encuentren involucrados derechos de estas personas, brindando asistencia a los juzgados en relación a los ajustes de procedimientos que resulten necesarios; la confección de recomendaciones e informes interdisciplinarios y elaborando dictámenes con perspectiva en discapacidad. El Observatorio de la Discapacidad ha tenido intervención desde el año 2022 a la fecha en 196 casos.
- Esta política fue especialmente reconocida y valorada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y recibida con beneplácito por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Federal de Discapacidad de los EE. UU. y por Disability Rights International.
- Cupo del 5% de Personas con Discapacidad: El Consejo de la Magistratura de la Ciudad se encuentra muy próximo a alcanzar ese porcentaje. En la actualidad hay 180 personas designadas y en cada juzgado se desempeña una persona con discapacidad.
- El Poder Judicial de la CABA, desde el 2020, en el marco de la prioridad de cumplir con el cupo del 5%, estableció que cuando se produce una vacante en un puesto que requiere la entrada externa, el jefe de la unidad debe intervenir ante la Oficina de Discapacidad para solicitar apoyo para la realización de entrevistas a personas con discapacidad o para proponer su admisión.
- En 2020 se creó el Programa de Pasantías Remuneradas del Poder Judicial de la Ciudad. La selección de los candidatos está a cargo del Observatorio de la Discapacidad, que evalúa el perfil laboral y los informes elaborados por las diferentes ONG.
- En 2023 se crearon los “espacios tranquilos” en el Poder Judicial como ambientes que ofrecen estímulos externos controlados, pensados para todas las personas que necesiten y elijan estos ambientes, cuyas normas de convivencia y propuesta invitan a reducir el estrés provocado por ambientes sobrecargados de estímulos.
- La Diplomatura en Discapacidad y Derechos se creó a través del Observatorio de la Discapacidad y el Centro de Formación Judicial, con un programa de estudios que desarrolla un análisis teórico y práctico que busca dar a conocer los derechos y garantías que los asisten. En la actualidad hay 80 alumnos.
- El Curso Obligatorio sobre Discapacidad en el Poder Judicial se implementó con especial eje en la eliminación de las barreras que obstaculizan la participación plena de las personas con discapacidad para el área administrativa y jurisdiccional.
- El Portal del Litigante del Poder Judicial garantiza que las personas con discapacidad visual tengan fácil acceso a las causas.
- Proyecto de modificación de la Ley N° 6.451 de Juicio por Jurados de la CABA: Su fin es adecuar esa Ley a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en Lectura Fácil constituye un texto trabajado por el Observatorio de la Discapacidad, la Fundación Visibilia, la Editorial Jusbaires y validada por personas con discapacidad.
- En el Poder Judicial de la Ciudad se desarrolló un Banco de Pictogramas, para garantizar el derecho de acceso a la comunicación y el derecho de acceso a la Justicia de todas las personas. Hasta la fecha, se han desarrollado 350 pictogramas que son ideales para el intercambio comunicativo en todos los ámbitos y especialmente para brindar un acceso a la justicia más equitativo, justo e inclusivo.
- Manual de Orientación para Personas con Discapacidad: Se incorporó esta herramienta, elaborada por el Observatorio de Discapacidad. Tiene como objetivo brindar un servicio de información eficiente y amplio en forma ordenada y accesible.
Como conclusión se puede afirmar que en el Poder Judicial de la Ciudad se implementan y desarrollan políticas públicas para el acceso a la Justicia y la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito jurisdiccional, como en la administración judicial, incorporando esta perspectiva en el diseño, supervisión y ejecución de acciones, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Particularmente, se trabajó en la eliminación de barreras e incorporando ajustes razonables y apoyos necesarios para avanzar en la inclusión plena. Hoy todos los juzgados y la administración del Poder Judicial de la CABA cuentan con una o más personas con discapacidad prestando servicios en sus oficinas.
Después de 4 años de gestión en el Poder Judicial y el compromiso de todos los Jueces se ha concretado un cambio cultural, con inclusión real y políticas públicas avanzadas para las personas con discapacidad.
En este marco, el Papa Francisco nos enseña que: “Acoger a las personas con discapacidad y responder a sus necesidades es un deber de la comunidad civil y eclesial, porque la persona humana, incluso cuando está herida en la mente o en sus capacidades sensoriales e intelectuales, es un sujeto plenamente humano, con los derechos sagrados e inalienables propios de toda criatura humana.” “No hay inclusión, de hecho, si falta la experiencia de la fraternidad y de la comunión mutua. No hay inclusión si esta queda como un eslogan, una fórmula para usar en discursos políticamente correctos, una bandera de la cual apropiarse. No hay inclusión si falta una conversión en las prácticas de la convivencia y de las relaciones. Es un deber garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los edificios y a los lugares de encuentro, hacer accesibles los lenguajes y superar barreras físicas y prejuicios.”
Con base en estos lineamientos se seguirá construyendo una política clave: “la convivencia con diversidad”, que constituye una oportunidad para seguir acercándonos al pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de todo tipo de barreras.
Trabajamos en políticas públicas para contribuir a la construcción de una Justicia inclusiva, transversal y respetuosa de la diversidad humana, siempre pensando en: “Todo con ellos, nada sin ellos…”.
