El acceso a la información sobre el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires hace a la calidad institucional, al fortalecimiento de la Justicia, a la seguridad, a la transparencia y al funcionamiento del sistema republicano y democrático en su totalidad.
El estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño tiene el rol de contribuir de manera sustancial a que el Poder Judicial contemple los intereses y las necesidades de los abogados que ejercen en la Ciudad de Buenos Aires. Para cumplir con este objetivo resulta fundamental trabajar por la constante mejora de su actividad profesional, de defender sus incumbencias, de facilitar la realización de su labor, actualizar el monto de sus honorarios, de la constante capacitación, de la protección de sus intereses y, en definitiva, de asegurar la transparencia y la legalidad del máximo organismo de control judicial en el marco de la Constitución porteña.
Los abogados deben participar en la planificación de las políticas públicas de la Justicia porteña para mejorar la interacción del Poder Judicial local con los profesionales y optimizar su funcionamiento.
Para que el acceso a la justicia, como uno de los pilares del sistema republicano y democrático, sea tal, es necesario contar con información certera acerca de lo que sucede dentro del Poder Judicial. En tal sentido, el acceso a la información se convierte en un elemento esencial de la democracia y del acceso a la justicia. Así, se requiere de información precisa, sistemática y confiable en lo que atañe a cuestiones tales como selección de jueces y magistrados, cantidad de procesos que se inician, su duración, los costos en general y en particular, el cumplimiento de las sentencias, entre otras. Dicho conocimiento permitirá a los abogados y al sistema judicial -en el que se produce nuestro desarrollo profesional- pensar en políticas públicas judiciales a largo plazo que contribuyan a mejorar la justicia.
Desde el Consejo trabajamos en profundizar las políticas de datos abiertos, de digitalización y de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales vienen llevándose a cabo para lograr la accesibilidad total online de las causas judiciales y resolver con alta celeridad los problemas y necesidades de la matrícula de abogados.
Continuaremos avanzando en mejorar la eficiencia de los recursos disponibles y, consecuentemente, contribuyendo a agilizar y mejorar el servicio de justicia para beneficio de los abogados, sus clientes y la sociedad en general.
La mejora en el acceso a los datos del Poder Judicial local permitirá generar un marco institucional que asegure la independencia en la toma de decisiones a largo plazo.
La planificación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas son ejes fundamentales para optimizar los resultados. Una planificación responsable permite que las acciones a desarrollar se enfoquen en los resultados que importan, mientras que el seguimiento y la evaluación posibilitan aprender de los éxitos y fracasos para tomar decisiones con conocimiento de causa, de manera que las decisiones actuales y futuras sean capaces de mejorar la vida de las personas.
Un pensador una vez dijo: “Lo que no se mide no se gestiona y ni se mejora”. Esta frase representa una verdad frecuente que se encuentra presente en el cumplimiento de los cometidos de las administraciones. La ausencia de aspectos básicos como la cantidad, el plazo, el volumen, las condiciones, las etcéteras imposibilitan la toma correcta de decisiones y su consecuente intervención para mejorar la gestión.
Resulta imprescindible que al momento de elaborar la respuesta para resolver situaciones y elaborar nuevas políticas públicas se realice a través de un análisis serio y exhaustivo. La única manera de contar con esta evaluación es mediante la generación de estadísticas confiables que permitan construir sobre ellas mejores políticas públicas.
En el momento de la redacción del texto, Genoveva Ferrero se desempeñaba como consejera.
