Reflexiones sobre el “Acuerdo de Escazú” y participación ciudadana en la Feria del Libro

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El pasado jueves 12 de mayo se llevo adelante en la sala Bioy Casares de la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una charla sobre los alcances que tiene hoy el cumplimiento de los postulados esgrimidos en el “Acuerdo de Escazú”, como así también los desafíos que implican su implementación en la Argentina y en particular en nuestra ciudad.

Participaron de la misma como disertantes el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Jorge Atilio Franza y la titular de la Defensoría N°1 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario,Lorena Lampolio. Presentó y moderó el encuentro Gerardo Filippelli.

El Acuerdo de Escazú es el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, siendo el primero de carácter ambiental a nivel regional, suscripto por 24 países. Argentina es, a la vez, unos de los 12 países que se ratificó como Estado miembro a partir de la entrada en vigencia del mismo en abril de 2021.

En este marco, el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Jorge Atilio Franza, magistrado que se ha especializado y escrito varias publicaciones en la temática, destacó: “Es un avance muy importante para el Derecho argentino el hecho de que el Estado haya ratificado este Acuerdo y que entre en vigencia”.

Este acuerdo tiene como objetivos, entro otros, el de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

En este sentido, Franza remarcó: “Este acuerdo garantiza el derecho a la información, a la participación y el acceso la justicia para todos, a una justicia rápida”. Asimismo, señaló: “Mucha gente no demanda violaciones ambientales cuando las ve por miedo a perder juicios millonarios contra empresas grandes con buenos cuerpos de abogados, ante lo cual Escazú garantiza que todos tengan derecho a litigar”, garantizando así que “la democracia participativa es la verdadera democracia moderna”.

Siguiendo con su ponencia, el camarista Franza hizo referencia, entre otros puntos, a los principios fundamentales que reafirma este acuerdo, tales como el principio de igualdad y no discriminación, el principio de transparencia y rendición de cuentas, el principio de buena fe, el principio de máxima publicidad y el principio de soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales entre otros. En este punto recalcó: “Escazú viene a incorporar otro principio más, el de no regresión, es decir siempre para adelante, con la progresividad, mejorando la normativa ambiental, nunca para atrás, la regresión sería una norma inconstitucional”.

Por otro lado, Franza resaltó a la eficacia, efectividad e implementación como claves para el acuerdo y su funcionamiento, indicando que “eficacia implica un resultado favorable para la protección del medioambiente que debe medirse con indicadores científicos que muestren el verdadero efecto de estas leyes sobre el medioambiente y efectividad e implementación requieren indicadores jurídicos que midan si se está cumpliendo el acuerdo y sus indicaciones”.

En el ámbito local, Franza señaló: “En nuestra justicia tenemos experiencia de aplicación de principio precautorio, como por ejemplo fue en 2010 la clausura del estadio de River, donde  se comprobó que en desarrollo de un recital  no se habían cumplido con las pautas del Artículo 30 ni con el principio precautorio a la Ley general del ambiente”.

Finalmente, Franza concluyó diciendo que para seguir avanzando “es necesario de una educación ambiental para todos, porque cualquier avance legislativo tiene que ir acompañado de la concientización, conceptualización y percepción de todos, del protagonismo de la gente y sobre todo la protección de los más vulnerables”.

Por su parte,la titular de la Defensoría N°1 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Lorena Lampolio, hizo hincapié en su exposición sobre la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Al respecto describió los diferentes mecanismos que debieran estar presentes en esos procesos que confluyen en la mecánica de la participación y se potencian unos con otros. En este sentido, puntualizó: “Es imprescindible poder acceder a toda la información ambiental para después participar en las decisiones, información que no debe tener costo o ser accesible ya que no se puede dejar que las barreras económicas la limiten, y a su vez debe ser clara y comprensible”. “Un ejemplo de ello (continuó) es que del lenguaje oficial debe ajustarse para que las comunidades de pueblos originarios puedan comprender y no quedar relegados”.

Otros elementos a considerar, prosiguió Lampolio, son por ejemplo la materia, es decir cuando la decisión tenga efectos ambientales considerables o cuando afecte a la salud de las personas, las formas, los modos e intensidad en que se va a participar, la identificación y apoyo a los vulnerables, y el control y monitoreo de las decisiones. En este sentido, reafirmó la expositora: “La participación de la gente no debe ser meramente decorativa sino que tiene que tener una importancia para el estado”.

Asimiso, Lampolio destacó: “Desde el ámbito judicial que a nosotros nos compete como Ministerio Público de la Defensa, creemos estar a la altura de las circunstancias. Se escucha, se disponen audiencias con los vecinos de los barrios, haciendo efectivo lo expuesto en el Acuerdo de Escazú en cuanto a participación ciudadana”. A modo de ejemplo de ello, agregó: “Tenemos casos como las reurbanizaciones de las villas donde la participación pública es imprescindible, que se escuche a los vecinos en la mesa de toma de decisiones es muy importante”.

Finalmente, la Defensora señaló que si bien cuestión legislativa en la ciudad es la adecuada, el tema central radica en la implementación por parte del gobierno local, asegurando que “el desafío más grande en la Argentina es la implementación de las leyes ambientales, lo que no se ha logrado hasta el momento es que los gobiernos sienten a las personas a la mesa de las discusiones ambientales, de la toma de decisiones”.