Este martes se llevó a cabo un nuevo encuentro del JusLab organizado por el Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación y la Mesa Interprovincial por el Acceso a la Justicia, a través de la plataforma Zoom. En esta ocasión, el JusLab se orientó en la co-creación de indicadores de acceso a la Justicia desde un enfoque de Derechos Humanos y se desarrolló en tres salas de trabajo en las que se abordaron las barreras estructurales contextuales, las barreras actitudinales simbólicas y las barreras institucionales procedimentales con una perspectiva federal, que contó con la participación activa de los poderes judiciales de Mendoza, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán.
El vicepresidente primero del Consejo, Francisco Quintana, manifestó su mirada respecto del abordaje de la temática desde una mirada federal. “Esta conformación de las mesa interprovincial es un riquísimo ejemplo de intercambio de experiencias pero también de una construcción colectiva de incidencia institucional para mejorar nuestro servicio de Justicia poniendo el foco primero en las personas, teniendo en cuenta sus diferentes realidades” señaló Quintana, quien también reconoció la importancia de la virtualidad para poder realizar este tipo de eventos. Por otra parte, el también Secretario General del FOFECMA, Quintana destacó que “el Consejo viene trabajando mucho en materia de acceso a la Justicia y Justicia Abierta, en donde el JusLab es indispensable y cumple una instancia esencial de aprendizaje, no solo hacia adentro de los poderes judiciales sino también hacia afuera”.
Por otra parte, el secretario de Planificación, Mariano Heller, valoró la realización de este JusLab con un nuevo formato. “El JusLab es un espacio que intenta discutir de manera amplia, abierta y con un formato alternativo distintas problemáticas vinculadas a esta idea de abrir los poderes judiciales en Argentina y Latinoamérica” sostuvo. Y agregó: “Dentro de los diferentes ejes de trabajo del JusLab el de hoy es sumamente valioso porque se encara el eje de la participación pero también cruzada con el eje de colaboración”.
Asimismo, la directora de Cooperación y Gestión de Acceso Comunitario a la Justicia, Jessica Malegarie, destacó: “En esta ocasión, el JusLab se enfocó en analizar la cuestión del acceso a la Justicia en término de etapas, comprendiendo que no hay un único momento o forma de acceder a la Justicia“. En ese sentido, Malegarie señaló que existen diferentes siete etapas del acceso a la Justicia dentro de las que se encuentran la conciencia o percepción jurídica, la capacidad del reclamo, la consulta por mecanismos de resolución, la evaluación de opciones de resolución, el reclamo por la vulneración, el sostenimiento del reclamo y la respuesta estatal. Sobre ello, la directora de Cooperación y Gestión de Acceso Comunitario a la Justicia realizó una interesante analogía entre las etapas tomando la metáfora del tren de acceso a la Justicia como una construcción teórica y aplicabilidad en el terreno. Al finalizar el encuentro, Malegaríe afirmó: “Fue realmente hermoso lo que se generó que fue un debate super respetuosos, muy productivo y sobre todo muy enriquecedor”.
Previo al trabajo en las salas de trabajo, la propia Malegarie presentó los ejes de trabajo junto a la directora del Proyecto AJuV de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, Marisa Fassi, la Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, Milagros Noli y la Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, Agustina Duhart.
El encuentro contó con la presencia de la jueza en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Lorena Tula del Moral, la secretaria de coordinación de políticas judiciales, Gisela Candarle, el presidente del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, Carlos Mas Velez, la titular de la Oficina de Gobierno Abierto, Inés Selvood, el equipo de trabajo de la Dirección de Cooperación y Gestión de Acceso Comunitario a la Justicia y funcionarios y trabajadores de los diferentes poderes judiciales del país, entre otros.