El pasado jueves, en las aulas del Centro de Formación Judicial, se llevó a cabo la mesa de debate sobre el proyecto de ley del aborto, que fue encabezada por el consejero Darío Reynoso e integrada por la Jueza de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Gabriela Seijas, el abogado constitucionalista Néstor Sagüés y las abogadas Ursula Basset y Graciana Peñafort.
El encuentro contó con la presencia de la Presidenta del Consejo, Marcela Basterra, los consejeros Javier Roncero, Silvia Bianco y Vanesa Ferrazzuolo, la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarle, la Secretaria de Legal y Técnica, Ana Salvatelli, la Directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad, Diana Maffía y el ex Presidente del Consejo, Juan Manuel Olmos, entre otros.
Durante el debate se compartieron las distintas perspectivas respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se encuentra en actual tratamiento en el Senado de la Nación. “Este tema es muy convocante para la sociedad y por eso hemos realizado esta actividad con integrantes que sustentaran las distintas posiciones respecto de la mencionada ley”, afirmó Dario Reynoso quien celebró la convocatoria.
A su turno, Nestor Sagüés, señaló que “lo más positivo es el nivel aceptable y destacado de la calidad del diálogo en la materia”. Posteriormente, se refirió a la constitucionalidad y convencionalidad de las causas del aborto remarcando la diferencia entre un aborto sin causa legítima, discrecional o libre y uno con causa: “Cuando sea la interrupción producto de un previo acto de violación o cuando el ser concebido no tuviera posibilidades de vida extra uterina tomando como referencia a la ley uruguaya vigente de la materia, al destacar que esta ley solamente admite el aborto con causa, pero a su vez estas últimas son muy amplias”. Luego al citar a la jurista Aida Kemelmajer de Carlucci distinguió una suerte de plazos en cuanto a la tutela de la persona por nacer: “Las primeras semanas del embarazo es posible que la ley haga prevalecer el derecho de la madre por sobre los derechos de la persona por nacer, pero posteriormente, después de cierto tiempo, prevalecerían los derechos de la persona por nacer sobre la voluntad de la madre de extinguir con la vida”.
Por su parte, la jueza Gabriela Seijas manifestó: “La penalización solo la condena a la ilegalidad, a la soledad y a la falta de asistencia profesional”, remarcó. Y agregó: “La lucha parece ser para que las mujeres no aborten de manera legal y segura”.
En este orden de ideas, Seijas afirmó que “en todas las culturas, en todos los tiempos, el aborto ha existido”. Y agregó: “La interrupción del embarazo es una práctica que significa diferentes cosas para diferentes personas; el aborto no necesariamente genera un trauma para quien se lo practica. Muchas personas pueden haberlo vivido como algo liberador. Para muchos seres humanos es más traumático seguir adelante con un embarazo no deseado”. Finalmente concluyó: “Un mercado negro y no pocas veces brutal de servicios para abortar, solicitado por cientos de miles de personas por año, se transformaría, si se aprueba la ley, en un procedimiento médico seguro, sencillo y disponible para todo el mundo”.
A su turno, la abogada Ursula Basset afirmó: “El primer problema que se me plantea es la mujer vulnerable, porque en el proyecto se ve un amplio margen de decisión para la mujer fuerte”. Para concluir, la Dra. Basset reconoció que “se evidencia la importancia de discutir el tema se apruebe o no la ley”. “Si sale esta ley será esta ley y si no sale esta ley, lo vamos a tener que discutir porque hay un colectivo social que lo está pidiendo y de alguna manera vamos a tener que reaccionar. Existen intereses y preocupaciones comunes respecto de la mujer vulnerable que aborta; la mayoría estamos de acuerdo en que hay que despenalizar, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer prevención y creo que muchos estamos de acuerdo en que hay que dar opciones” concluyó.
En otro sentido, Graciana Peñafort sostuvo: “Las categorías legales las adoptan y las deciden determinadas mayorías que tienen, una determinada cosmovisión del mundo. Nosotros estamos en este momento tratando de cambiar una mayoría moral que impuso que el aborto estaba mal y era delito”. Del mismo modo afirmó: “Es importante señalar que la constitución está por encima de otra norma de rango inferior, incluyendo el código civil. Con lo cual si nosotros determinamos que es constitucional permitir los abortos legales en la argentina, difícilmente sea también constitucional una ley de rango inferior que los prohíba”. Seguidamente Peñafort, indicó que “la decisión moral de los legisladores no es la decisión ética que toma una sociedad para sí misma”. Y concluyó: “Si vamos a respetar la libertad, sepamos que la mismo no existe sin la infraestructura que permita ejercerla”.
