Durante los días 23 de junio y 14 de julio se llevó a cabo el curso ¿Cómo gestionar la transformación digital del Poder Judicial? El cual estuvo organizado por el centro de Formación Judicial y la Dirección General de Supervisión Legal, de Gestión y de Calidad Institucional del Consejo, a cargo de Miguel Gliksberg.
El curso tuvo como objetivo abordar los pilares estratégicos, normativos y culturales de la transformación digital en clave institucional, con foco en calidad, inclusión y rediseño centrado en las personas y estuvo dictado por el mencionado Gliksberg y Gonzalo Vázquez.
Durante la apertura del curso, Gliksberg planteó una distinción esencial para el abordaje de la temática señalando que “digitalizar no es transformar”. En ese sentido, señaló: “La transformación digital no es convertir un papel en PDF. Es preguntarse si ese papel sigue siendo necesario. Es rediseñar el proceso, no simplemente informatizarlo”. Durante su exposición se abordaron las diferencias entre digitalización y transformación, los pilares del gobierno digital propuestos por la OCDE y los retos estructurales que enfrenta el sector público. “No hablamos solo de tecnología —sostuvo Gliksberg—. Hablamos de rediseño ético, de experiencia del usuario, de accesibilidad real y de capacidades institucionales”.
En este sentido, también destacó el valor de los Sistemas de Gestión de Calidad basados en la norma IRAM ISO 9001:2015 como herramienta fundamental para garantizar procesos judiciales eficientes, medibles y orientados a la ciudadanía. Estos sistemas permiten institucionalizar prácticas de mejora continua, trazabilidad y evaluación, cruzar datos de gestión, encuestas de satisfacción y tiempos procesales. Como explicó Gliksberg, “la calidad es una meta técnica pero sobre todo un compromiso con la ciudadanía: un poder judicial que gestiona con calidad es un poder judicial más confiable, más abierto y más justo”.
Durante todo el curso se enfatizó el compromiso político de la Presidencia del Consejo de la Magistratura a cargo de Karina Leguizamon que sometió sus propios procesos de gestión a auditorías de control de calidad como así también se destacó las buenas prácticas locales impulsadas por la Secretaría de Administración General y Presupuesto, a cargo de Genoveva Ferrero, como el sistema JUC de contrataciones públicas, los tableros de gestión o las experiencias de interoperabilidad en expedientes judiciales, para mostrar que la transformación ya está en marcha, pero necesita liderazgo, formación continua y una cultura institucional abierta al cambio.
En las clases posteriores, Gonzalo Vázquez puso el eje en experiencias comparadas, modelos de gobernanza digital y herramientas de gestión pública para la implementación efectiva del cambio. Asimismo, profundizó sobre el impacto de la la inteligencia artificial en la justicia, “algo que no es una promesa distante, es una realidad que ya transforma procedimientos, acelera procesos y redefine la manera en que accedemos al derecho”. Y agregó: “La verdadera potencia de la IA no radica en su capacidad técnica, sino en su uso responsable y ético. Incorporar herramientas de IA implica repensar el rol del operador judicial como garante de los derechos, intérprete de la ley y custodio de la equidad”.
