Este martes, en la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó el lanzamiento del programa “Responsabilidad Alimentaria”, una iniciativa creada por el Ministerio de Justicia porteño y que tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de los compromisos en materia alimentaria, en un trabajo conjunto con empresas e instituciones de la Ciudad.
Las organizaciones que se inscriban en el programa –ya hay inscriptas más de 30– realizarán un relevamiento anual de todos sus trabajadores y exigirán a las nuevas contrataciones la certificación de que no son deudores alimentarios. Dicho proyecto se implementará a través del Registro de Deudores Alimentarios Morosos que, en la actualidad, cuenta con más de 10.000 personas inscritas por orden judicial, debido al incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.
El Consejo de la Magistratura porteño estuvo presente en el lanzamiento con la participación de la presidenta Karina Leguizamón junto a la consejera Lorena Clienti. Por su parte, la presidenta del Consejo, Karina Leguizamón, destacó: “El pleno ejercicio de los derechos de las infancias se construye con hechos y políticas concretas”. Y agregó: “Tomar conciencia de la responsabilidad alimentaria respecto de nuestros hijos e hijas es sin duda responsabilidad de todos”.
El lanzamiento del programa, que además busca que las organizaciones adheridas contribuyan a revertir los casos de incumplimiento de la ley, contó con la presencia del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, el secretario de Justicia, Jorge Djivaris y el vicepresidente 1° de la Legislatura, Matías López, quienes también adhirieron al programa.
El mencionado Tapia resaltó también la importancia “de seguir promoviendo este tipo de programas con la convicción de que la única forma de trabajar por un país más justo es haciéndolo codo a codo con el sector privado”. En un sentido similar, Najenson, resaltó: “Este programa busca involucrar a las empresas en un rol activo en la protección de los derechos de los más vulnerables y esto se logrará mediante un relevamiento al inicio de la relación laboral y la revisión anual de su personal para detectar incumplimientos”.
