La semana pasada, en la ciudad de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) se celebró el XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, el cual fue organizado por el Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad participó de la actividad con la presencia de la consejera Vanesa Ferrazzuolo y la Titular de la Unidad de Implementación de Juicio por Jurados, Luciana Piñeyro, quienes presentaron un simulacro de Juicio por Jurados, durante el segundo día de las Jornadas. Las representantes del Consejo estuvieron acompañados del Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Jorge Rojas y del Presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, Federico Sedlacek.
Por su parte, la consejera Vanesa Ferrazzuolo sostuvo: “Pese a no estar superada la discusión sobre el Juicio por Jurados, deberíamos estar debatiendo acerca de los contenidos, detalles y pormenores del sistema de jurados que manda la Constitución Nacional”. Y agregó: “La sociedad demanda más participación en la administración de Justicia y más acceso a la Justicia. El juicio por Jurados es parte de eso”.
En esta ocasión, los ciudadanos que oficiaron de jurados fueron vecinos de la ciudad de Termas de Rio Hondo que se inscribieron voluntariamente para participar de la experiencia. A su vez, la Fiscalía y la Defensa fueron seleccionados a través de un concurso de antecedentes, en el que resultaron ganadores profesionales litigantes de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Córdoba. El Juez fue representado por un funcionario del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Quaine.
En el simulacro, el imputado (un abogado de 54 años), estaba acusado del delito de homicidio simple en perjuicio de una joven de 25 años de edad en un hotel alojamiento. El jurado popular, luego de más de dos horas de audiencia de debate y de una interesante deliberación, emitieron un veredicto de no culpabilidad, entendiendo que la Fiscalía no había logrado probar más allá de toda duda razonable la participación de acusado en el hecho criminal.
