Este miércoles, en el Salón Presidencial del Palacio de Tribunales, las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, junto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, suscribieron un acuerdo complementario para el convenio marco de cooperación en materia de género, igualdad y diversidad.
Participaron de la firma el presidente del Consejo Alberto Maques, la consejera y titular del Centro de Justicia de la Mujer, Ana Salvatelli, el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, la titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg, la presidenta del Centro de Formación Judicial, Marcela De Langhe.
El acuerdo tiene por objeto “la colaboración para la implementación en el ámbito del Poder Judicial de la CABA del Programa de capacitación para el cumplimiento de la Ley 27.499 “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Para dar cumplimiento al objetivo acordado, la CSJN se compromete a poner a disposición del CMCABA el curso virtual que integra el Programa “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” y a adaptar el aula virtual para el dictado de la misma a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la CABA. Por su parte, el CMCABA, a través de la Oficina de la Mujer del Centro de Justicia de la Mujer, en conjunto con el Observatorio de la Discapacidad y de la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, se compromete a desarrollar los ajustes necesarios para que la oferta de capacitación sea clara y accesible a todas las personas.
Cabe destacar que el dictado del Curso Virtual que integra el Programa estará a cargo del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia y de la Oficina de la Mujer del Centro de Justicia de la Mujer del CMCABA de manera conjunta.
La Ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
