Este jueves 29 de octubre, en la Sala de Reuniones del 10° piso del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo el Conversatorio sobre Justicia Terapéutica y Enfoque Restaurativo. El evento contó con la participación en la apertura de la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón.
El conversatorio propuso reunir al especialista internacional en la materia, Luis Enrique Osuna Sánchez (México) con referentes del Poder Judicial de la CABA. La coordinación estuvo a cargo de la la coordinadora general de Enlace entre el Observatorio de Género en la Justicia y el CJM con la SAGyP, Raquel V. Munt, quien presentó la “Red de operadores, programas y dispositivos de abordaje de conflictividad con enfoques psicoeducativo, restaurativo y responzabilizantes”, articulada entre distintos organismos del Poder Judicial.
La actividad contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Romina Furio, la directora del Centro de Mediación, Nélida Reggiardo y la responsable del Programa de Educación ProEDHu, Paola Slipak. Por su parte, también estuvieron en representación del Ministerio de Justicia, la directora General de Acceso a Justicia, Janine Weidemann, la directora General de Reintegración Social, Ariela Álvarez, el Subsecretario de Asuntos Judiciales, Fernando Calvo, la directora General de Asistencia a la Víctima, Felicitas de Lasa, la directora General de Derechos Humanos, Natacha Steinberg, junto a representantes de los Ministerios Públicos de la CABA.
En la presentación, la presidenta del Consejo de la Magistratura de la CABA, sostuvo: “Estamos frente a un momento bisagra en dos temáticas importantísimas: la implementación de nuestro nuevo sistema penitenciario y la discusión respecto de las modificaciones que planteará el nuevo Régimen Penal Juvenil”. Asimismo, destacó la relevancia de intercambios con juristas y magistrados de la talla de Luis Enrique Osuna Sánchez para “aprovechar al máximo su expertise en la materia”. En el contexto del debate y las reformas vinculadas al régimen penal juvenil, particularmente en torno a la reducción de la edad de imputabilidad penal, la Justicia Terapéutica adquiere especial relevancia para reflexionar sobre las respuestas institucionales dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal.
El evento se conformó como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, y permitió reflexionar sobre los avances de la Justicia Terapéutica y Enfoque Restaurativo en distintos contextos e identificar oportunidades y desafíos para su desarrollo y aplicación. En este marco, el conversatorio se constituyó como una oportunidad para profundizar el intercambio entre especialistas locales e internacionales, conocer experiencias comparadas y reflexionar sobre las posibilidades de incorporar esta perspectiva en las prácticas jurídicas e institucionales.
En ese sentido, el magistrado especialista en Justicia Terapéutica y Gestión Institucional de Conflicto Público, Luis Enrique Osuna Sánchez, destacó el carácter interdisciplinario de la Red y la Mesa que se conformó para el trabajo. Al respecto, sostuvo: «Desde el exterior sabemos que la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en un re-estructuración del sistema penal. La Justicia Terapéutica es una perspectiva, una visión, es aquella que se ocupa y preocupa por el bienestar de las personas, devolviendo el centro del enfoque al ser humano». Y agregó: «Esta perspectiva invita a repensar el modo en que las instituciones de justicia intervienen en la vida de las personas, reconociendo que las decisiones, los procedimientos y las interacciones con los operadores jurídicos pueden producir efectos que trascienden la resolución estrictamente legal de los conflictos».
La Justicia Terapéutica y el enfoque restaurativo constituyen una perspectiva interdisciplinaria que estudia los efectos que las normas, los procedimientos y las prácticas jurídicas producen sobre el bienestar emocional y psicológico de las personas involucradas en el sistema de justicia. Desde este enfoque, se procura identificar y reducir los efectos perjudiciales de la intervención jurídica y favorecer aquellos que puedan contribuir al bienestar de las personas, sin afectar sus derechos fundamentales ni las garantías del debido proceso.
