Cuarto Encuentro por la Justicia en la Ciudad: Aprobación Segundo Convenio de Transferencias Penales
Con motivo de la aprobación del Segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales mediante la ley 26.357, el lunes 28 de abril se realizó la Cuarta Reunión del Encuentro por la Justicia en la Ciudad. La Jornada se desarrolló en la Legislatura porteña, Perú 160.
A efectos de continuar con el espacio de diálogo generado para la consolidación de la autonomía de la Ciudad en materia jurisdiccional, la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuso profundizar el debate sobre la entrada en vigencia del nuevo Convenio como así también analizar su contenido e impacto.
La apertura de la Jornada estuvo a cargo de Carla Cavaliere, Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y de Julio De Giovanni, Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura porteño.
Carla Cavaliere abrió la Jornada recordando que hace ya un año que el Consejo de la Magistratura convocó a la apertura de este espacio, que dimos en llamar Encuentro por la Justicia en la Ciudad, con el fin de construir canales de comunicación permanentes para discutir, consensuar e identificar las principales temáticas que conciernen a nuestra Justicia y así diseñar las políticas tendientes a la efectiva vigencia de las atribuciones constitucionalmente conferidas a esta Ciudad.
La Presidenta del Consejo afirmó que hoy, con la ratificación por parte del Estado Nacional del Segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, podemos decir que somos testigos de los primeros frutos del trabajo mancomunado que este espacio ha generado en pos de la consolidación de la Autonomía de la Ciudad.
Cavaliere aseguró que muchos de los delitos transferidos por este Segundo Convenio, son vistos por algunos juristas como cuestiones de menor cuantía. Esta concepción cae con sólo considerar el grave problema que dichos delitos constituyen para las partes involucradas.
Y por último la Presidenta del Consejo señaló: creo que esta oportunidad es única y la Justicia porteña cuenta con las herramientas necesarias para demostrarlo. Contamos con un marco normativo como el Código Procesal Penal de la Ciudad, que tiene uno de los procedimientos más modernos del país que permitirá dar fin a la dilación indebida de los procesos. Esto se complementará con otras alternativas para la solución del conflicto como ser la mediación, la suspensión del juicio a prueba, la composición y el avenimiento, dando muestras de una justicia rápida, transparente y accesible.
Por su parte Julio De Giovanni puntualizó Estos convenios firmados por el Ejecutivo de la Nación y de la Ciudad y ratificados por la Legislatura y el Congreso de la Nación han sido instrumentos útiles y una formidable arma para ir inmovilizando a la Ley Cafiero.
De Giovanni sostuvo que si este sistema de competencias aparece como bueno, tenemos que seguir en este camino. Pero para poder seguir en este rumbo hay que generar un espacio de diálogo, un ámbito entre la Nación y la Ciudad. Ya ha existido, en otra oportunidad, algún tipo de comisión permanente en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, donde nació el primer Convenio. Nosotros entendemos que es posible que los poderes Nacionales y de la Ciudad formen Comisiones permanentes para la elaboración de los Proyectos de Convenio, que luego serán transformados en Leyes de la Ciudad y de la Nación.
La idea es que las comisiones estén integradas por miembros de ambos poderes Ejecutivos, Legislativos y del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. La conformación de esta Comisión se hace imprescindible porque se trata de ordenar una Justicia ordinaria que actúa en un mismo territorio. Y esto debe ser ordenado cualquiera sea la interpretación que le demos al artículo 129 de la Constitución Nacional, concluyó De Giovanni.
Los oradores del Encuentro fueron Raúl Zaffaroni, Ministro de la Corte de la Suprema de Justicia de la Nación; José Casás, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Federico Pinedo, Diputado Nacional por la Ciudad. También presentaron sus ponencias Pablo Mosca, Vocal del Consejo de la Magistratura de la Nación, Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Silvia La Ruffa, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
El Segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad entrará en vigencia en el mes de junio. Fue suscripto el 1 de Junio de 2004 por el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Anibal Ibarra y, tal como su texto lo exige, fue ratificado por la Legislatura de la Ciudad mediante la ley 2257 y por el Congreso Nacional mediante la ley 26.357.
La aprobación de este Convenio, aunque parcial, es un paso más hacia el reconocimiento pleno de los poderes reconocidos por el artículo 129 de la Constitución Nacional, y producto de un trabajo silencioso pero insistente de quienes en el ámbito de la Ciudad Autónoma han procurado siempre ese objetivo.
Las competencias penales que se trasnfieren son:
a) Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal),
b) Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal),
c) Omisión de auxilio (artículo 108, Código Penal),
d) Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal),
e) Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal),
f) Amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código Penal),
g) Violación de domicilio (artículo 150, Código Penal),
h) Usurpación (artículo 181, Código Penal),
i) Daños (artículos 183 y 184, Código Penal),
j) Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal),
k) Los tipificados en las Leyes Nº 13.944 (incumplimiento de lo deberes de asistencia familiar), 14.346 (malos tratos contra animales) y artículo 3º de la Ley 23.592 (actos discriminatorios).
Durante su intervención, Raul Zaffaroni explicó que hay una vieja enseñanza que viene del Código de Napoleón, de hacer una clasificación en crímenes, delitos y contravenciones. Se trata de distinguir, de acuerdo a la gravedad las infracciones, la complejidad del proceso y las competencias.
Zaffaroni señaló que en materia de infracciones penales la llamada pequeña infracción es la que está más cerca de la vida cotidiana del ciudadano, al igual que la represión y el poder punitivo del Estado. La expresión de la violencia se manifiesta a través de la pequeña infracción. Este tipo de clasificación se expandió a toda Europa - aseguró el Ministro y agregó - me estoy refiriendo a simplificar procedimientos, simplificar costos, pensar cuánto nos cuesta cada proceso. Y por ende adecuar el proceso según la gravedad de la infracción y según el presupuesto que disponemos. El Código Penal es gratis por eso lo reforman a cada rato y lo destruyen, pero el Código de Procedimiento no: cuesta una infraestructura. Ese costo tiene que ser adecuado a la gravedad del delito. Ese costo lo pagamos todos y tiene que ser el costo para el reestablecimiento de la paz social, conforme a la gravedad de la naturaleza del conflicto, enfatizó el jurista.
Zaffaroni indicó que es importante que la ciudad de Buenos Aires dé un primer paso sobre disponibilidad de la acción penal en pequeñas infracciones y de esta manera dar paso a las mediaciones y a las soluciones eficaces del conflicto. Creo que al defender la autonomía de Buenos Aires estamos defendiendo el federalismo. Es indispensable profundizar la autonomía de la Ciudad. No creo que sea tan difícil la transferencia de Competencias.
Sin embargo el Ministro reconoció que mayor complejidad reviste la transferencia de la Policía. Los porteños tenemos derecho a tener Justicia y Policía. Pero hay que generar las condiciones institucionales necesarias y reconstruir las relaciones sociales. Para Zaffaroni es necesario, como lo indicaba el proyecto político de la la Constitución, descentralizar con las Comunas. Sostuvo que la transferencia de la policía debía realizarse con los recursos pero, para esto, hay que ir despacio y por partes. El traspaso debe ser ordenado. La transferencia de la Policía sin control poblacional, puede traer un grave problema de seguridad. Puede llevar a la destrucción de la institución policial. Recordemos que hay países sin Ejércitos pero no hay países sin Instituciones Policiales, sentenció.
Por su parte José Casás, explicó que la interpretación de la Constitución no deja dudas que toda transferencia de competencias, servicios y funciones, no hacen otra cosa que dar plenitud a la autonomía consagrada en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Esta transferencia tiene que ser con la correspondiente reasignación de los recursos, sino conduciría a una suerte de federalización de los gastos y el déficit con un unitarismo de caja intolerable.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires advirtió tengamos en cuenta que la bandera de la autonomía de hoy es la bandera del federalismo de ayer, y hoy pretendemos, sin tutelas, gobernarnos a nosotros mismos y ejercer la función jurisdiccional.
El Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, a su turno, afirmó que la autonomía debe estar presente en todos los ámbitos de la Ciudad. Puntualmente en el tema de Justicia, los dos convenios son muy importantes, por cuanto permiten un comienzo y dejan en claro que los legisladores demandan que debe ser con los fondos correspondientes.
Silvia La Ruffa relató el proceso mediante el cual se fueron sancionando las leyes vinculadas al Poder Judicial de la Ciudad. Aseguró quetal vez en algún fuero lo mejor sería hacer una transferencia de los recursos humanos, económicos y materiales pero ahora sabemos que no debemos dejar de lado la posibilidad de que crezca nuestra Justicia a través de Convenios Progresivos que nos permitan ir corrigiendo el modelo, y así mejorar la implementación y los procedimientos.
A su vez Pablo Mosca festejó que este esquema de Convenios entre Nación y Ciudad vaya avanzando, lenta pero ininterrumpidamente, hacia la consolidación de la autonomía. Fundamentalmente porque reconoce la plena jurisdicción y la necesidad de dotar a esas transferencias de los recursos respectivos.
Por último, Federico Pinedo aseguró que el traspaso de las Competencias Penales está muy claro en la Constitución. Por lo tanto, lo único que hace falta ahora para la entrega de funciones y competencias con sus recursos a la Ciudad, son decretos del Poder Ejecutivo Nacional.
Diputado Nacional por la Ciudad puntualizó que el próximo desafío es actuar gradualmente, en temas de sensibilidad importante para la vida de las personas y no necesariamente en materia penal. Por ejemplo, los temas de vecindad, los derechos del niño, la violencia familiar y la justicia penal para menores, que con la legislación progresista que suele tener la Ciudad seguramente podría tener una respuesta atinada.