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Miércoles 01 de marzo de 2017

Traspaso: Ciudad cruzó a Piumato para refutar paro

Estrategia ante clima caldeado. Niegan perjuicio para empleados por obra social y jubilaciones. Malestar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió al cruce del gremialista de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, a quien visualizan detrás de la rebelión de trabajadores contra el traspaso de algunos tribunales a la órbita porteña. Por un lado, el titular del Consejo de la Magistratura local, Enzo Pagani, y por el otro, el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enríquez, cruzaron los argumentos con los que Piumato llamó a un paro de actividades de la Justicia nacional. 

Otrora aliado del macrismo, el sindicalista también fue presionado por las distintas comisiones internas de la justicia nacional (que en fuero penal ordinario y en el fuero laboral están conducidas por la oposición a la Lista Marrón) para que defina una postura contraria a la medida dispuesta por los gobiernos Nacional y de la Ciudad en plena feria judicial. 

"Los empleados y funcionarios judiciales nacionales que formen parte de la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad y sus derechos previsionales, ante lo cual resulta engañoso hablar sobre los riesgos que conllevaría el traspaso para esos trabajadores", señaló Pagani acerca de los principales argumentos que esgrimieron los sindicalistas que preparan otras medidas del mismo tipo. El Gobierno no ha mostrado reacción aún para contrarrestar la ofensiva de los jueces que, nucleados en la poderosa Asociación de Magistrados, no escatimarán esfuerzos para torpedear el traspaso. 

Los empleados "gozarán del mismo salario, de la misma carga horaria, de los mismos o mejores beneficios jubilatorios y de la misma Obra Social que tenían hasta el traspaso", apuntó Enríquez. "Además, el proceso del traspaso se perfeccionará mediante leyes específicas del Congreso y de la Legislatura porteña, y de acuerdos entre ambos Gobiernos, lo cual implica garantías adicionales de transparencia y respeto de los derechos de todos los involucrados", enfatizó Enríquez. Los funcionarios aspiran a revertir la resistencia de los judiciales mediante un trabajo de hormiga que les permita deslegitimar las convocatorias a medidas de fuerza. De todas formas, nadie apunta a dinamitar los puentes de diálogo entre los distintos sectores, ni siquiera con los jueces.

 


Fuente: Ámbito Financiero
Fecha: 28 de febrero de 2017

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