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Viernes 27 de diciembre de 2013

Se expanden las fronteras para la aplicación del juicio por jurados

  BAE, 16 de mayo de 2014   Con el debate por la reforma del Código Procesal Penal, la implementación de los jurados populares vuelve a tomar importancia y se pone en la agenda pública. Muchas provincias han adoptado el modelo con éxito y otras ya estudian su puesta en marcha.

 

BAE, 16 de mayo de 2014

 

Con el debate por la reforma del Código Procesal Penal, la implementación de los jurados populares vuelve a tomar importancia y se pone en la agenda pública. Muchas provincias han adoptado el modelo con éxito y otras ya estudian su puesta en marcha.

Uno de los puntos que llevó mayor análisis en las audiencias públicas celebradas en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue la implementación del juicio por jurados al sistema de administración de justicia. En este contexto, hubo especial consenso en la necesidad de dar cumplimiento a lo articulado en la Constitución Nacional.

En esta línea de análisis, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone, consideró –en la primera de las audiencias públicas– que “hay que alentar esta reforma para prepararnos para el juicio por jurados”, institución contemplada por la Constitución de 1853 pero nunca implementada a nivel nacional.

Por su parte, el diputado nacional José Ignacio Cafferata Nores comentó la experiencia cordobesa. El abogado remarcó que se trata de “una institución política, no jurídica-técnica, porque el poder de condenar o absolver lo tienen los ciudadanos pero la pena la fijan los jueces”. “Algunos dicen que es el avance de la cultura democrática; según otros, los jueces que tienen mala fama prefieren delegar decisiones al jurado”, repasó Cafferata y continuó: “Unos dicen que se implementa para que haya más garantías; otros, para evitar que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra, para castigar más eficazmente”. “Todos tiene un poco de razón”, evaluó.

El impulso cordobés

Córdoba se lleva, sin dudas, el mote de pionera, dado que ya en 2004 avanzó con la implementación de los jurados populares –compuesto por ciudadanos y jueces profesionales que toman en conjunto la decisión–. El impulso que dio esta provincia llevó a que rápidamente muchos se plegaran a este sistema contemplado en la Constitución Nacional. Se sumaron luego Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que el juicio por jurados –un sistema aplicado en muchos países y que busca que los ciudadanos participen de la administración de justicia– fue incorporado en tres artículos de la Constitución Nacional argentina de 1853, pero siempre resultó un mandato incumplido. El sistema implica que ya no serían los magistrados los únicos actores del proceso, sino que en los casos más graves sería un cuerpo de 12 el que definiría la culpabilidad o inocencia del acusado.

Sin ir más lejos, tiempo atrás fue la misma presidenta quien instó públicamente para que se comenzara a trabajar en el plano legislativo con la recuperación de la demanda constitucional del juicio por jurados, una deuda pendiente aún de la justicia nacional.

“Más allá de la deuda que su falta de implementación implica, el juicio por jurados hoy deviene imprescindible porque existe un alto grado de incomprensión por parte de la ciudadanía de lo que sucede en los tribunales; en este sentido, la creación de tribunales integrados por mujeres y hombres comunes construirá una comunicación entre el pueblo y la Justicia”, analiza la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ángela Ledesma.

En esta línea de acción, el camino hacia la reforma del Código Procesal Penal pone al juicio por jurados como uno de los puntos sobre el que se dará principal tratamiento y, según se espera, “se podrían comenzar con las pruebas piloto sobre el fin de este año”.

Así. la aplicación de los jurados populares se constituye como uno de los puntos más reclamados por los juristas en los últimos tiempos, el cual es, sin dudas, una falta de cumplimiento a la Constitución.

Según lo analizan expertos de la sociedad civil, un sistema judicial administrado íntegra y exclusivamente por magistrados profesionales “provoca debilidad estructural y ha producido un divorcio total de la ciudadanía con el Poder Judicial”.

Avanzar sobre este instituto es un paso más en la búsqueda de nuevos estándares de acceso a la Justicia. Según coinciden abogados, jueces y especialistas en materia penal, trabajar en un nuevo Código Procesal Penal es una imperiosa necesidad que hoy se plantea en la justicia nacional y en las provincias, que buscan un sistema que se adecúe a la realidad del país.

Neuquén hace punta

Mientras en la Nación trabajan en pulir los aspectos de la reforma, la Justicia neuquina materializó en enero pasado un completo cambio a las reglas del juego de los procedimientos penales: los magistrados serán elegidos por sus pares, se oralizarán completamente los procesos y se aplicará el juicio por jurados de corte popular.

Dentro de las principales modificaciones que presenta el código se encuentran: la investigación puesta en manos de los fiscales, la creación de un colegio de jueces, la publicidad de todas las audiencias, la desaparición del expediente escrito y la aplicación del juicio por jurados de corte completamente popular, para tratar los delitos con más de 14 años de prisión. Asimismo, se busca aumentar la participación de las víctimas en los procesos otorgándoles la posibilidad de hacer pedidos concretos.

Esta reforma claramente lleva a una profunda reorganización del sistema de justicia. Se prevé así una organización más democrática y horizontal de los tribunales, instaurando órganos constituidos por todos los jueces de la misma competencia, decidiéndose en cada caso en particular cuál debe ser la integración del cuerpo de decisión; esto es lo que se denomina colegio de jueces.

Avanza la provincia de Buenos Aires

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó días atrás cambios en la ley de juicio por jurados; el más significativo es la modificación del método de elección de los ciudadanos que los integrarán: será el Ministerio de Justicia, y no la Junta Electoral, el que se encargará del proceso de selección, que se realizará por sorteo.

Otra de las modificaciones aprobadas apunta a que ya no se exigirán cinco años de ciudadanía para integrar un jurado, sino que bastará con tener la nacionalidad argentina.

Según lo explicó el ministro de Justicia, Ricardo Casal, “luego de la promulgación de esta ley empezaremos con el proceso de selección. Serán sorteados entre 10.000 y 12.000 ciudadanos”. El Ministerio realizará el sorteo de los precandidatos a integrar el jurado –una persona cada mil electores–, discriminados por departamento judicial. Podrán ser convocados a integrar un cuerpo de 12 personas que, asistidos por un juez, deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados por delitos graves, con penas de más de 15 años de prisión.

Finalmente, días atrás se llevó a cabo en La Plata el primer caso juzgado por jurados populares. La Plata avanza con el primer juicio por jurados. El acusado es un hombre imputado por intentar matar a puñaladas a su vecino. El abogado confirmó que su defendido solicitó ser juzgado por esta modalidad.

Los beneficios de la aplicación

Especialistas analizaron la introducción del juicio por jurados en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires y determinaron puntos que justifican su implementación:

1. Cumple en el ámbito bonaerense con los arts. 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional respecto de los cuales el Congreso de la Nación Argentina se encuentra en flagrante incumplimiento hace más de 150 años y pone al país y particularmente a la provincia de Buenos Aires a la altura de las legislaciones más avanzadas de Occidente.

2. Incorpora al pueblo en la administración de justicia penal

3. Facilita el acercamiento del pueblo a la justicia y coadyuva en la construcción de un ejercicio responsable de la ciudadanía.

4. Compromete a los habitantes en el ejercicio de una de las funciones estatales relevantes para la convivencia en sociedad.

5. Legitima, en clave democrática, las resoluciones judiciales en materia penal en los casos más graves por la vía de la participación protagónica del pueblo en la respectiva decisión

6. Permite que el acusado sea juzgado por sus pares, lo cual proporciona directa legitimidad democrática al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

7. Acerca recíprocamente tanto a la sociedad civil al sistema judicial como el sistema judicial a la sociedad civil, permitiendo un fructífero intercambio de visiones que involucren la administración de justicia con la realidad social y los valores comunitarios diversos y plurales.

8. Facilita la transmisión de las razones jurídicas que habrán de tenerse en cuenta para la resolución de los casos, en la medida en que deberá emplearse un lenguaje claro y entendible, lo cual permitirá una mayor comprensión de los justiciables y de la sociedad toda respecto del sentido de las decisiones.

9. No limita en modo alguno las garantías procesales del imputado, sino que las potencia. Asimismo, establece un generoso régimen recursivo con amplias causales de procedencia como para poner en evidencia eventuales irregularidades en el veredicto de culpabilidad del jurado.

En las provincias

Córdoba

La ley de jurados fue aprobada el 22 de septiembre de 2004 y está funcionando desde enero de 2005. Se realizaron más de 300 juicios por jurados obligatorios para delitos graves y/o aberrantes.

En esta provincia el jurado está conformado por ocho ciudadanos, quienes en conjunto con dos jueces del tribunal deben decidir si el acusado es inocente o culpable. A esta modalidad se la llama tribunal mixto.

Chaco

Se presentó el año pasado un proyecto de ley de jurados clásico con 12 ciudadanos y con un jurado especial para comunidades indígenas cuando el delito involucre como víctimas y acusados a miembros de los pueblos originarios qom, wichí o mocoví.

Neuquén

Convirtió en ley el juicio por jurados en noviembre pasado y comenzó a regir el 1º de febrero de 2014. Se trata de un jurado clásico o puro integrado por doce ciudadanos que deciden  culpabilidad o inocencia. Hace pocos días se realizó el primer juicio por jurados por el caso de un homicidio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tras el exitoso simulacro el año pasado, el Consejo de la Magistratura de la CABA convocó a una comisión de juristas expertos para diseñar la ley de juicio por jurados que la Constitución porteña ordena en dos oportunidades.

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