Quienes formamos parte de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguimos muy atentamente el avance del proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad y en las provincias, que se refiere a la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a nuestra Ciudad, lo cual permitirá avanzar y dar otro paso hacia la autonomía plena.

Parece increíble, pero pese a la reforma constitucional del año 1994, notablemente trascendente en materia de conformación territorial desde la organización nacional, acordando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires mediante el reconocimiento expreso de facultades propias de legislación y jurisdicción, la deuda con nuestra ciudad va a cumplir 26 años, ya que aún no se ha cumplido con lo que prescribe el artículo 129 de la misma, que consagró la autonomía política, legislativa y jurisdiccional de la Ciudad Autónoma.

Tuve el honor en 1996, de participar como Convencional Constituyente en la sanción la Constitución de la Ciudad, la cual estableció un sistema republicano de división de poderes y con ella se creó el Poder Judicial de la Ciudad como un poder totalmente nuevo y con un diseño moderno y novedoso, estableciéndose: "Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente".

Sin embargo, pese al traspaso paulatino de competencias desde el año 2000, donde se realizó el primer convenio, hasta el año 2019 donde recibimos el narcomenudeo y, a pesar de las facultades propias de jurisdicción sobre materias de derecho común, la competencia en la administración de justicia, continúa siendo injustamente limitada, principalmente por la férrea oposición y el "lobby" de diferentes sectores judiciales, que priorizan sus intereses sobre el de la totalidad de los ciudadanos. Ignorando no solamente lo expresamente establecido por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, sino también la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado en el fallo Corrales de 2015, que "el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal es meramente transitorio y que su continuidad está supeditada a los "convenios de transferencia de competencias". Posición que reafirmó en los casos "Nisman" y "Bazán".

El proyecto es claro respecto a que los magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas comprendidos, salvo renuncia expresa, conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, obra social y derechos previsionales. Por ello, resultaría de toda justicia que finalmente se transfiera la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público y a los jueces competentes de la referida Ciudad.

Otro aspecto fundamental es que el proyecto establece que la transferencia de competencia será acompañada de los correspondientes recursos, autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad las partidas presupuestarias que correspondan, recursos públicos que deber ser administrados y gestionados con extremada eficiencia, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y económica que por estos tiempos transita nuestro querido país.

Nuestro Poder Judicial está absolutamente preparado para el traspaso en análisis; espero que pronto se avance con el traspaso que esperamos, debemos trabajar incansablemente para lograrlo, ya que ello permitirá que los ciudadanos puedan vivir mejor.