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Firme reclamo a los jueces porteños para evitar los desalojos violentos

Tiempo Argentino, 16 de julio de 2012    

Tiempo Argentino, 16 de julio de 2012

 

 

 El Consejo de la Magistratura les pidió que propicien las "desocupaciones voluntarias". También instó a la Legislatura a que revise la normativa. Es en respuesta a un desmedido operativo de la Metropolitana en un hotel de Constitución.

Por: Claudio Mardones

 

 

Después de romper puertas y poner a los menores de edad en el piso, el operativo de la policía porteña dejó a más de 100 personas, en su mayoría niños, en la calle. Todos los inquilinos estuvieron una semana en la puerta del hotel, y protagonizaron el último desalojo violento en lo que va del año. El estupor que provocó semejante operativo desató repudios públicos y decenas de reportajes, pero nada logró revertir la ejecución que firmó la jueza María Fernanda Botana, titular del Juzgado Nº 4 Penal y Contravencional porteño, que estuvo a un paso de enfrentar un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La magistrada zafó del proceso, gracias al apoyo del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, pero su caso desató un inusual pedido del Consejo de la Magistratura para todos los jueces porteños y también para la Legislatura con la finalidad de evitar desalojos violentos. 

El "lanzamiento de un desalojo", según admiten los jueces, es una de las medidas más complejas para cualquier magistrado, pero dentro de la justicia porteña, gracias al reclamo de distintos defensores y asesores tutelares, existen dos protocolos especiales de trabajo para aplicar esas órdenes sin utilización de violencia policial cuando hay ancianos, mujeres y niños. Ninguno de ellos fue utilizado por Botana ante la cantidad de menores que vivían en el 1875 de la calle Brasil y por eso se ganó una denuncia en su contra del defensor general, Mario Kestelboim, ante el Consejo de la Magistratura. El jefe de los defensores oficiales denunció a Botana ante la Comisión de Disciplina y pidió la apertura de un juicio político contra ella. La acusó de haber cometido una serie de faltas en el juicio, como la ausencia de garantías de defensa para las familias que fueron desalojadas. 

Tras una larga discusión entre los siete miembros del Consejo presidido por el ex legislador porteño Juan Manuel Olmos, Botana zafó del jury. En su defensa, la mujer sostuvo que sólo se había amparado en la aplicación del polémico artículo 335 del Código Procesal Penal porteño, que otorga la atribución del desalojo al juez o al fiscal sin haber garantizado el derecho a defensa del acusado. Con ese argumento, junto a la llamada personal de Macri a sus propios consejeros para reforzar la votación, el caso fue cerrado con cinco votos a favor del archivo y dos en contra. 

Sin embargo, hace una semana, el organismo que administra el presupuesto y realiza los concursos para designar jueces, asesores tutelares, fiscales y defensores, consideró que, con medidas como las resueltas por Botana, "el sistema judicial no estaría dando respuestas a la problemática social" y les pidió a todos los jueces que "en las causas que proceda la restitución de inmuebles, extremen los recaudos tendientes a propiciar la desocupación voluntaria" y que hagan lo que les dicta la ley, es decir, que les den intervención a todos los organismos judiciales competentes. La frase, en términos judiciales, no es menor: evita que varios jueces como Botana omitan dar parte del caso a defensores y asesores tutelares, los dos organismos que garantizan la defensa de los desalojados.

La resolución le pide a la Legislatura que tome conocimiento de la polémica sobre el último párrafo del artículo 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad, para que acelere el tratamiento de los proyectos que hay en danza para reformarlo. Según el macrismo, ese texto es igual que el nacional, pero para la Defensoría Judicial es "inconstitucional". Al respecto, Olmos advierte que no son idénticos, porque "en la Ciudad de Buenos Aires esa potestad de desalojo recae en un juez de primera instancia que, ante todo, debe ser un juez de garantías que antes de ejecutar una medida debe preservar los derechos de los presuntos acusados antes de largarlos a la calle". Con esa tensión a cuestas, el caso de Botana se transformó en la primera denuncia que llega a esa instancia por un desalojo violento y, también, la primera vez que el organismo se ve obligado a pedirles a sus jueces que cumplan con toda la ley y garanticen el derecho a defensa.  

 

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