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Miércoles 26 de mayo de 2021

En defensa de la autonomía política de la Ciudad de Buenos Aires

Columna de opinión del consejero Juan Pablo Zanetta en Nuevos Papeles

Desde 2016 se ha arraigado una tesis amplia que ha consolidado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujeto del federalismo argentino en tanto “ciudad constitucional federada”. Y en esta línea,  en el caso “Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avanza operativamente en la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Recordemos que la autonomía política y jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires surge de lo establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional y, al mismo tiempo, que del artículo 6 de la Constitución porteña emerge el mandato expreso a las autoridades constituidas de la Ciudad de preservar esta autonomía. 

Así, y a raíz del decreto de necesidad y urgencia 241/21 que dispuso la suspensión de clases presenciales en el ámbito del AMBA, el Gobierno local  cuestionó  la validez del artículo 2º, por considerar que la adopción de medidas sanitarias en los establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad se encuentran reservadas a su Jefe de Gobierno y no al Poder Ejecutivo Nacional.  

La sentencia del Máximo Tribunal es contundente: “en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Los argumentos y fundamentos aparecen  distribuidos entre los votos de Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. 

No obstante, de una lectura sistemática del fallo, se puede advertir que la Corte Suprema evaluó la validez del DNU 241/21 a partir de la distribución de competencias federales y  locales que efectúa la Norma Suprema. 

Atento que tanto en materia sanitaria como en materia de educación, las competencias son concurrentes entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recordó que las  normas  adoptadas  por las  autoridades nacionales no sólo no deben contradecir a la Constitución ni a los  Tratados  Internacionales  sino  tampoco  invadir  el  ámbito competencial  de  las  provincias  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires. Y en este sentido, se resolvió que el DNU 241/21 no justificó de manera suficiente que el Estado Nacional ejercite una competencia sanitaria que alcanzó a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que invadió una competencia propia de esta última. No se observó la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad. 

Consecuentemente, la CSJN subrayó que corresponde  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre  los  modos  de  promover  y  asegurar  la  educación.

Asimismo, el Alto Tribunal observó que el AMBA -en los términos del artículo 124 del texto constitucional- no puede ser entendido como la conformación de una “región” a los fines de que el Estado Nacional adopte políticas en materia epidemiológica,  ni  puede involucrar  una  modificación  de las  potestades  provinciales o de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 

Por último, y con relación al instrumento jurídico a través del cual se dispuso la suspensión de las clases presenciales, la CSJN consideró innecesario ponderar su validez, atento que la  modificación  dispuesta  por  el artículo  2°  del  DNU  241/2021,  no constituye  el  ejercicio  de  potestades  constitucionales que le competen a las  autoridades  federales,  sino que  vulnera atribuciones  y  potestades  propias de la autonomía política reconocida por la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se aclara, al respecto, que “aun  en  el supuesto  hipotético  en  que  el  contenido material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a que arriba el Tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se mantendría incólume” (Considerando 26). 

En definitiva, la Corte Suprema ha custodiado nuevamente la autonomía política de la Ciudad de Buenos Aires. No quedan dudas que la “ciudad constitucional federada” cuenta con todas las  facultades  propias  de legislación  en los mismos términos que las provincias argentinas y conserva su poder de policía en materia de educación y salud (entre otras) de conformidad con la Constitución Nacional y la Constitución porteña de 1996.

Juan Pablo Zanetta es Consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.


Fuente: Nuevos Papeles

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